La política colombiana vive jornadas de alta tensión, marcadas por la presencia de figuras que cruzan los umbrales del poder y la justicia. Una de ellas es Laura Sarabia, actual canciller, quien regresó al país desde Roma —donde asistió al funeral del papa Francisco— para cumplir con una diligencia que podría tener efectos devastadores en el interior del Gobierno: declarar contra Armando Benedetti, su exjefe y hoy ministro del Interior, en un proceso por presunta violencia política.
La declaración está agendada para este miércoles y es una pieza más del complejo rompecabezas que se teje desde mediados de 2023, cuando Benedetti, entonces embajador en Caracas, protagonizó uno de los escándalos más sonoros del gobierno Petro. Grabaciones reveladas por la Revista Semana lo mostraban exigiendo a gritos un ministerio, con frases cargadas de intimidación. «Nos vamos a la cárcel todos», se le escuchaba decir. Meses después, el deseo de Benedetti se concretó: llegó al Ministerio del Interior.
Pero las agresiones verbales no quedaron en el pasado. Sarabia, entonces jefe de gabinete del presidente, llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió que se tratara como un episodio de violencia política contra una mujer, en el marco del Protocolo de Belém do Pará, que protege a las víctimas de este tipo de actos. Hoy, esa línea jurídica es una de las que podría sostener su testimonio en la Fiscalía.
La canciller no ha llegado con las manos vacías. Según fuentes cercanas al caso, ya entregó nuevos audios inéditos que comprometería aún más a Benedetti. En uno de ellos, se le escucha haciendo alusión a supuestos acuerdos con el exfiscal Gabriel Jaimes, figura clave de la Fiscalía en tiempos recientes. Esa revelación pone en tela de juicio la transparencia de ciertos procesos judiciales y añade una capa más de tensión entre el Ejecutivo y los entes de control.
El regreso de Sarabia se produce, además, en un contexto especialmente delicado. Benedetti reconoció públicamente hace pocos días que ha enfrentado problemas de drogadicción y que ha estado en rehabilitación. Aunque ese paso ha sido interpretado por algunos como un intento de redención personal, otros lo ven como una estrategia preventiva ante la tormenta legal y política que se avecina.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene bajo reserva las pruebas principales del caso. No se trata solo de una disputa personal: está en juego el respeto institucional a las mujeres dentro de los círculos de poder, el funcionamiento de las cadenas de nombramientos públicos y, por supuesto, la coherencia del gobierno con su discurso de paz, respeto y justicia.
En medio del escándalo, el silencio del presidente Gustavo Petro ha sido notorio. Aunque ambos protagonistas —Sarabia y Benedetti— son de su círculo más cercano, el jefe de Estado aún no se ha pronunciado de fondo sobre las denuncias. La neutralidad podría entenderse como prudencia institucional, pero también como una señal de las grietas internas dentro de su gabinete.
Lo cierto es que, con su regreso, Sarabia ha puesto una vez más los reflectores sobre un caso que mezcla política, poder, violencia de género y corrupción. La audiencia del miércoles puede ser apenas el inicio de una etapa más densa y dolorosa, no solo para los implicados directos, sino para un gobierno que se prometió distinto, pero hoy ve cómo sus figuras más visibles se enfrentan en estrados y no en debates de ideas.
