La escena era, a simple vista, una más en la cotidianidad política del país: un acto público, un discurso, ciudadanos reunidos en una esquina del occidente bogotano. Pero ese sábado 7 de junio, a las 5:30 de la tarde, el sonido de la violencia irrumpió en el barrio Modelia y dejó gravemente herido al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Lo que siguió fue una operación médica de urgencia y, en paralelo, una cacería judicial a contrarreloj. Ahora, la Fiscalía General de la Nación centra su atención en una figura inesperada: un joven sicario de apenas 15 años, cuyo testimonio podría ser la llave para desentrañar quién ordenó el ataque.
El menor permanece bajo custodia en la Clínica Colombia, donde pasó la noche tras ser capturado por las autoridades. Su salud es estable, y su declaración, cuando esté en condiciones de rendir, será crucial. Así lo señaló la fiscal general Luz Adriana Camargo: “Todo nuestro esfuerzo estará centrado en encontrar a los determinadores de este crimen. Entendemos la importancia del capturado y vamos a garantizar la seguridad para poder interrogarlo”. Más allá de su edad, el muchacho ya es pieza central de una investigación que comienza a revelar un rompecabezas de desprotección social, manipulación criminal y violencia política.
El lugar exacto donde ocurrió el atentado —carrera 82 con calle 22c— fue intervenido por un grupo de 30 investigadores del CTI. Metro a metro, el equipo recogió evidencias: casquillos, cámaras de seguridad, testimonios de testigos y huellas. Cada fragmento puede ayudar a reconstruir los minutos previos y posteriores al ataque. Mientras tanto, se consolidan líneas de tiempo, se cruzan bases de datos y se revisan antecedentes. Hay una certeza en el ambiente: el menor no actuó solo.
Aunque El Espectador ha tenido acceso parcial a un informe preliminar de la Fiscalía, ha decidido no revelar los datos personales del joven implicado, en respeto al debido proceso. Sin embargo, lo consignado allí empieza a perfilar a un muchacho sin redes de protección: huérfano de madre desde temprana edad —ella falleció a los 23 años— y con un padre que, desde hace años, reside en Europa. Vive desde entonces con su tía materna y un tío conductor. No hay mención, al menos por ahora, de vínculos escolares ni laborales. Su historia es la de muchos adolescentes reclutados en silencio por estructuras criminales.
Uno de los datos más inquietantes proviene de los mismos registros visuales capturados horas antes del atentado. En ellos se ve al menor en la localidad de Fontibón, escuchando el discurso del senador Miguel Uribe. No estaba solo: una mujer lo acompañaba, conversaban. ¿Era ella parte de la operación? ¿Quién la envió? ¿Qué papel jugó? Las imágenes son ahora analizadas por expertos en lectura labial y reconocimiento facial, en busca de nuevas pistas.
Mientras tanto, una pregunta persiste en el aire: ¿dónde falló la seguridad? Miguel Uribe ya había solicitado refuerzos en su esquema de protección. Y, sin embargo, un adolescente con un arma logró acercarse lo suficiente como para disparar. “Seguridad desnuda”, dicen algunos investigadores, en referencia no solo a la vulnerabilidad del político, sino también a la fragilidad de un sistema incapaz de detectar los signos tempranos del peligro.
Lo cierto es que el país asiste no solo a una investigación judicial, sino a una revelación social: la violencia política sigue viva, pero se disfraza y muta. Hoy, sus rostros pueden tener quince años, andar en tenis y usar audífonos. Y detrás de ellos, como en tantas otras veces, hay autores intelectuales que apuestan por la oscuridad para silenciar la palabra. Encontrarlos no es solo una tarea de la Fiscalía: es una deuda del Estado con su democracia.
