En el ajedrez del poder, cada movimiento cuenta. Y en la última fase del gobierno de Gustavo Petro, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, parece haber jugado una apertura perfecta: logró ubicar a sus más fieles escuderos en puestos clave del alto gobierno. Más allá de las selfies sonrientes y los trinos afectuosos que intercambian en redes sociales, hay una realidad más contundente que confirma esta alianza: los contratos. Una decena de sus alfiles más cercanos ya ocupa oficinas con aire acondicionado en Bogotá, en cargos que influyen en decisiones nacionales. Todo esto, a pesar de los cuestionamientos que arrastran desde su paso por Medellín.
Lo que sorprende no es solo la cantidad, sino la velocidad y el calibre de los nombramientos. En cualquier organigrama del Gobierno Nacional es posible rastrear la huella del quinterismo. Desde Planeación Nacional hasta el Ministerio de Justicia, la tropa del exalcalde ha desembarcado con fuerza. Algunos de estos nombramientos tienen en común algo más que el pasado compartido en la administración paisa: varios enfrentan investigaciones, sanciones en curso o dudas sobre su idoneidad para ocupar los cargos que hoy ostentan. Eso no ha impedido su llegada. Petro los ha recibido sin titubeos.
Figuras como Esteban Restrepo, Jorge Andrés Carrillo y Juan Pablo Ramírez no solo hacen parte de ese grupo selecto, sino que se han mantenido firmes en sus puestos incluso frente a decisiones adversas. Ramírez, por ejemplo, sigue en el Ministerio de Hacienda pese a que la Procuraduría lo inhabilitó por 14 años, fallo que fue apelado pero que sigue en firme en primera instancia. A esta alineación se suman recientes incorporaciones como la de Juan Camilo Mergesh y María Camila Villamizar, piezas clave durante la administración de Quintero en Medellín.
Mergesh, exdirector de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín (ACI), anunció hace pocos días que se posesionó como subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación. Su llegada no fue fruto del azar ni de un concurso de méritos, sino del respaldo político de Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico y uno de los alfiles más fuertes del quinterismo. La alianza entre Quintero y Toro consolidó una red de poder local que ahora escala al escenario nacional.
Toro, de hecho, fue una figura clave durante el mandato de Quintero. Su influencia se sintió en múltiples dependencias y empresas públicas, especialmente en Telemedellín, desde donde se canalizaron millonarios contratos hacia empresas y organizaciones vinculadas a su círculo cercano. La designación de Merges es apenas uno de los ejemplos del poder acumulado por este tándem político, cuya proyección parece estar lejos de menguar pese a los escándalos.
Estas movidas han generado incomodidad incluso dentro del petrismo. Voces como las de Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y María José Pizarro han levantado la mano para advertir sobre los riesgos de esta alianza. Las críticas apuntan no solo a las denuncias que rodean a varios de estos funcionarios, sino a la falta de experiencia administrativa y técnica que algunos exhiben en cargos estratégicos. Pero Petro, que suele oír poco cuando ya ha tomado una decisión, parece decidido a cerrar su mandato con este equipo.
El presidente juega su última carta en un tablero complejo, y lo hace rodeado de una cúpula que despierta recelo incluso entre sus bases. Lo que está en juego no es solo la gobernabilidad en este último tramo, sino el legado de su administración. Con Quintero como armador silencioso, el Gobierno Nacional parece haberse convertido en una reedición, ampliada y nacionalizada, de la Medellín que él gobernó. Una Medellín cuya gestión aún deja preguntas sin responder.
