El reciente operativo del 12 de febrero, llevado a cabo por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se ha convertido en un escenario de profundas controversias dentro del aparato estatal. En el centro del debate se encuentra Otty Patiño, el actual Comisionado de Paz, quien, según denuncias presentadas ante la Fiscalía, habría interferido de manera directa en la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, una de las facciones disidentes de las Farc.
El enfrentamiento entre la Fiscalía y la figura del Comisionado de Paz no ha tardado en escalar, pues mientras el Gobierno, representado por Patiño, defendía la postura de que Araña formaba parte de un proceso de paz, el ente acusador cumplía con una orden judicial que buscaba la captura del líder disidente. La situación desnudó una grieta en la política de paz, poniendo de manifiesto las tensiones existentes entre la justicia penal y la integridad de los acuerdos negociados con grupos armados.
La denuncia que se ha radicado ante la Fiscalía solicita una investigación detallada sobre las posibles irregularidades cometidas por Patiño, a quien se le acusa de haber obstruido la acción judicial en curso. Según los abogados que llevaron la queja, Patiño habría presionado para suspender el operativo de captura, argumentando que el CTI estaba incurriendo en un “entrampamiento” contra Araña. Este tipo de acusaciones pone en tela de juicio no solo la integridad de las acciones del Comisionado, sino también la independencia de las instituciones judiciales colombianas.
De acuerdo con los detalles revelados en la denuncia, Patiño habría realizado varias gestiones para frenar el procedimiento, incluyendo contactos con figuras clave como el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante general del Ejército Nacional, y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Esta serie de intervenciones, alegan los denunciantes, podría estar en contravención con los principios de la justicia colombiana y las normativas internacionales en materia de cooperación judicial, especialmente en lo relacionado con las solicitudes de extradición.
Alias Araña es requerido por la Corte del Distrito Sur de California, en los Estados Unidos, por su presunta implicación en el tráfico de estupefacientes. Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde el sur de Colombia y Ecuador hacia los Estados Unidos, utilizando Centroamérica y México como principales rutas de tránsito. Este contexto internacional es crucial, ya que el caso de Araña no solo involucra la justicia colombiana, sino también la cooperación en temas de narcotráfico con países como los Estados Unidos.
La denuncia sostiene que la acción del Comisionado de Paz podría estar vinculada a un intento de evitar que el líder de los Comandos de Frontera enfrente cargos penales en el extranjero, además de crear un precedente peligroso que podría socavar los acuerdos de extradición firmados con diversas naciones. La posición del gobierno, al parecer, se ve atrapada entre la necesidad de garantizar la seguridad interna y la conservación de los procesos de paz con las disidencias.
En este contexto, surgen interrogantes sobre el futuro de la política de paz en Colombia. Si las figuras encargadas de fomentar la reconciliación con los grupos armados disidentes se ven involucradas en disputas legales por presunta obstrucción a la justicia, ¿cómo se garantizará que la legalidad prevalezca? El episodio expone la difícil dicotomía entre las aspiraciones de paz y los compromisos con la justicia penal, un reto mayúsculo para las autoridades colombianas.Finalmente, la denuncia contra Otty Patiño no solo resalta las tensiones dentro de las esferas del poder, sino que pone sobre la mesa una discusión crucial sobre la ética en la gestión de los procesos de paz. La justicia, en su más amplia concepción, no puede ser un recurso negociable, y la intervención en procedimientos judiciales debe ser revisada con rigurosidad. Mientras tanto, el caso de Araña y la investigación en curso seguirán siendo un tema candente en el debate político y judicial de Colombia.
