El camino de la tasa de seguridad en Antioquia, anunciada con entusiasmo por el gobierno de Andrés Julián Rendón, ha comenzado con un tropiezo significativo: el recaudo no ha alcanzado ni la mitad de lo proyectado en su primera ronda. De los $45.617 millones que la Gobernación esperaba recibir entre mayo y julio, apenas se recaudaron $19.354 millones, lo que representa menos del 42 % del objetivo. Un golpe financiero para un plan que fue defendido como una herramienta crucial para garantizar la seguridad del departamento.
La medida, que obliga a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales, a contribuir con una tasa especial, fue presentada como una inversión colectiva para mejorar la infraestructura y la presencia institucional en zonas vulnerables. Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido tibia, cuando no abiertamente reticente. Ni las campañas de divulgación ni los descuentos ofrecidos por pronto pago han logrado cambiar la percepción generalizada de desconfianza frente al nuevo cobro.
De hecho, según cifras reveladas por Caracol Radio, los incentivos económicos entregados hasta ahora apenas alcanzan los $678 millones, concentrados principalmente en el sector industrial ($372 millones) y comercial ($175 millones). Cifras que reflejan un escaso interés por aprovechar los beneficios de una tasa que, más allá del rechazo político que ha suscitado en algunos sectores, parece haber naufragado en su implementación técnica.
Y es ahí donde la Gobernación enfrenta una segunda dificultad: la logística. La administración departamental ha reconocido fallas estructurales en el proceso de facturación. Más de 100.000 registros suministrados por empresas de servicios públicos habrían llegado con inconsistencias, generando retrasos en la entrega de facturas y desconexión con los ciclos de cobro previstos. Una brecha administrativa que ha retrasado más de seis meses el cumplimiento del calendario fiscal proyectado.
Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasará con las inversiones en seguridad prometidas a través de este recaudo? Si bien el gobernador ha insistido en que el proceso “va bien”, los números y las dificultades revelan otra historia. Las expectativas generadas con la aprobación de la tasa contrastan ahora con una realidad financiera insuficiente, que amenaza con frenar o diluir los proyectos de impacto que se pretendían ejecutar en los municipios más golpeados por la violencia.
La baja receptividad ciudadana podría leerse no solo como una señal de resistencia al nuevo tributo, sino también como una advertencia sobre la fragilidad de las relaciones entre el Estado y los contribuyentes cuando no existe una confianza sólida. En un país donde la evasión fiscal y el escepticismo frente al gasto público siguen siendo moneda corriente, imponer un nuevo gravamen exige algo más que voluntad política: demanda transparencia, pedagogía y resultados visibles.
Por ahora, la Gobernación tendrá que redefinir su estrategia. O logra revertir la tendencia en los próximos ciclos de facturación, o se verá forzada a revisar el alcance de su ambicioso plan de seguridad. En ambos escenarios, el costo político ya empezó a cobrarse. La ciudadanía observa con escepticismo, los recursos escasean y la inseguridad, como siempre, no espera.
