La decisión se tomó luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, estimada en 5,7 millones de personas.
«La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado», destacó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal.
Leal señaló que la decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia, y afirmó que «las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma».
Por otra parte, indicó que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando.
Para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, «lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud».
El funcionario dejó en claro que «esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS y que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada».
El superintendente advirtió que la decisión se tomó «con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas».
En ese sentido se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. «Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente», recalcó.
Y puntualizó: «Pueden tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención, y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS».
