El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, continúa revelando capas de un entramado que mezcla poder, favores y vehículos de lujo. Esta vez, el centro de atención es una Chevrolet Tahoe de más de 400 millones de pesos, que —según nuevos chats revelados— fue utilizada por el entonces diputado del Atlántico durante 2022, y que ahora parece ser una pieza clave para entender la cercanía entre política y contratista en Colombia.
En su momento, Petro hijo aseguró que la camioneta era alquilada para su seguridad personal, desvinculado de cualquier interés privado. Sin embargo, las conversaciones obtenidas por EL COLOMBIANO indican que buscaba ponerla a nombre de un tercero, una práctica que ya había empleado con un Mercedes-Benz, hoy en manos de su exesposa, Day Vásquez. Este intento de «invisibilizar» al verdadero dueño prende las alarmas sobre un posible intento de ocultar relaciones que podrían tener trasfondo contractual.
Detrás del volante de esta historia aparece Juan Manuel Sarmiento Mejía, un contratista del Meta con millonarios convenios en el sector de infraestructura vial. Según fuentes cercanas al caso, Sarmiento no solo habría entregado el vehículo como un favor, sino que esperaba —a cambio— mantener abierta la puerta de la contratación pública. En un país donde los “favores” suelen traducirse en contratos, la frase “nadie regala nada sin algo a cambio” retumba como un eco incómodo.
La presencia de esta camioneta fuera del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) también deja interrogantes sobre los canales informales a través de los cuales algunos políticos consiguen recursos o beneficios. ¿Qué protocolos de seguridad permiten —o toleran— que vehículos privados, ajenos a las instituciones, sean utilizados en funciones públicas sin mayores controles?
Esta revelación es solo una pieza más en el caso que investiga los ingresos no justificados de Nicolás Petro, su estilo de vida ostentoso y sus vínculos con empresarios que, en más de un caso, tienen intereses en contratos estatales. Mientras su defensa busca desviar el foco hacia Day Vásquez, la Fiscalía sigue trazando conexiones entre el patrimonio del acusado y una red de favores donde los autos de alta gama son más que simples medios de transporte.
El escándalo no solo golpea la imagen de Nicolás Petro, sino que inevitablemente salpica al entorno presidencial. Aunque el mandatario ha buscado marcar distancia con las actuaciones de su hijo, el caso representa un golpe ético y político que sus adversarios no dejarán pasar. Más aún, en un contexto donde el discurso anticorrupción fue una de las banderas principales de su campaña.
La figura del contratista que se acerca al poder por vías no institucionales es un viejo y conocido fantasma en la política colombiana. El episodio de la Tahoe no hace más que recordarnos que esa práctica persiste y que la impunidad suele esconderse en los detalles: un chat, una placa, una factura sin nombre. Cuando el lujo se mezcla con la política, la transparencia se convierte en una urgencia.
El juicio sigue su curso, pero la opinión pública ya ha dictado una primera sentencia moral. En un país cansado de ver cómo el poder se rodea de privilegios y amistades convenientes, cada nueva revelación refuerza una exigencia: que la justicia no solo sea ciega, sino también implacable. Porque lo que hoy está en juego no es solo una camioneta ni un apellido: es la credibilidad de todo un sistema.
