La tormenta política que se desató tras la revelación de los llamados archivos de alias Calarcá no deja de expandirse, y uno de los principales rostros salpicados por el escándalo es el de Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI y hasta hace poco un funcionario discreto, casi invisible para la opinión pública. Hoy, sin embargo, su nombre ocupa titulares, debates institucionales y, como se vio esta semana, exigencias formales para que abandone cargos de representación del Gobierno.
La Asamblea de Antioquia se sumó en las últimas horas a quienes consideran insostenible su permanencia en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, donde actúa como delegado del presidente Gustavo Petro. La petición, aunque simbólica en apariencia, agrava el cerco político que se ha ido formando alrededor de Mejía, cuyas acciones dentro del aparato estatal están bajo escrutinio riguroso.
El funcionario aparece repetidamente en documentos, audios y chats que, de acuerdo con las filtraciones conocidas, revelarían un engranaje operativo montado por él y por el general Juan Miguel Huertas. El supuesto propósito: favorecer a las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá mediante maniobras que habrían traspasado la línea entre influencia política y tráfico de poder.
Un informe revelado por El Tiempo el 25 de noviembre añadió un nuevo nivel de gravedad. Según estas grabaciones, realizadas presuntamente por personal interno del DNI, Mejía habría ejercido presión sobre procesos de ascenso, retiro y reintegro de oficiales de la Policía y del Ejército. La sospecha de que utilizó su posición para intervenir en la estructura de mando castrense profundiza la inquietud sobre el alcance real de sus funciones y lealtades.
Las mismas fuentes señalan que Mejía habría llegado a esa posición por instrucción directa desde la Casa de Nariño, lo que alimenta nuevas dudas sobre la cadena de decisiones que permitió concentrar tanto poder en un funcionario cuya trayectoria no era ampliamente conocida. Esta cercanía al Ejecutivo le añade capas políticas a un caso que ya es, en sí mismo, explosivo.
Entre los audios revelados se menciona, además, un objetivo inquietante: la creación de un escándalo que desviara la atención pública de la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, la revocación de su visa y el polémico episodio en Nueva York donde, megáfono en mano, llamó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes del entonces presidente Donald Trump. De confirmarse, la maniobra configuraría un uso instrumental del aparato de inteligencia para fines políticos.
En el contexto universitario, la presión contra Mejía no es menor. Integrar el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia implica custodiar la autonomía de una institución con 221 años de historia. La Asamblea departamental sostiene que su permanencia comprometería la confianza pública y podría contaminar procesos académicos y administrativos que exigen imparcialidad absoluta.
En este escenario convulso, el caso Mejía ya no es un asunto de filtraciones aisladas, sino un síntoma de una crisis más profunda en la relación entre inteligencia estatal, poder político y legitimidad institucional. Lo que viene será decisivo: o el Gobierno despeja todas las dudas con transparencia, o las sombras seguirán creciendo sobre uno de sus hombres más cuestionados.
