Las más recientes controversias en torno a Verónica Alcocer han puesto su nombre en el centro del debate público y jurídico. La primera dama, cuya presencia prolongada en Europa generó inquietudes políticas y mediáticas, enfrenta ahora cuestionamientos que superan lo anecdótico y han escalado hasta los despachos de la Fiscalía. Todo ocurre en un clima de creciente tensión, alimentado por las palabras del propio presidente Gustavo Petro, quien admitió que su relación con Alcocer lleva años fracturada.
Las imágenes de Alcocer en eventos exclusivos en Suecia, así como las publicaciones que insinuaban un estilo de vida costoso, despiertan interrogantes sobre la procedencia de los recursos que sustentan su estancia en el exterior. Para sus críticos, no se trata solo de una figura pública viajando por Europa, sino de una funcionaria con estatus institucional cuyo entorno merece ser examinado con rigor. Ese ambiente de sospecha fue el detonante para que surgiera una denuncia formal.
El encargado de elevar esa denuncia fue el profesor Juan Carlos Portilla, académico especializado en crimen transnacional. Su petición no se limitó a solicitar una verificación interna en Colombia; instó directamente a la Fiscalía a activar mecanismos de cooperación judicial internacional. Su argumento central es que parte de la claridad sobre los recursos que utiliza Alcocer sólo podría obtenerse mediante herramientas que trascienden las fronteras nacionales.
El elemento que más complejiza el caso es la coincidencia —políticamente explosiva— entre las estancias de Alcocer en Suecia y la millonaria compra de aviones de combate Gripen a la empresa Saab. Se trata de una adquisición que, por su magnitud, generaría cuestionamientos incluso en tiempos de absoluta normalidad política. Pero en este caso, ocurre mientras la primera dama mantiene vínculos visibles con círculos de élite en ese país europeo.
El asunto adquiere un tono aún más delicado si se recuerda que el propio presidente Petro, cuando era oposición, criticó duramente al expresidente Iván Duque por contemplar la renovación de la flota aérea. Lo calificó de decisión “irresponsable”. Ahora, su gobierno adelanta una compra de mayor escala, lo que alimenta suspicacias y da munición a la oposición para cuestionar la transparencia y coherencia del proceso.
Portilla, en su denuncia, sostiene que lo que se conoce públicamente sobre Alcocer enseña más que una simple coincidencia geográfica. Según él, la simultaneidad entre viajes, apariciones públicas y negociaciones internacionales amerita una verificación exhaustiva. Su solicitud plantea que cualquier análisis serio debe apoyarse en inteligencia financiera transnacional.
En esa línea, el académico pidió a la Fiscalía gestionar asistencia judicial en varios países europeos, con especial atención en Suecia. También propuso recurrir a la red de unidades de análisis financiero de la Unión Europea, mecanismo que permitiría trazar el origen y destino de posibles flujos económicos asociados a la primera dama. La solicitud, aunque en etapa preliminar, abre un flanco diplomático que el Gobierno no podrá ignorar.
El alcance final del caso aún es incierto. Podría tratarse de una verificación rutinaria que concluya sin sobresaltos, o evolucionar hacia un proceso de mayor envergadura con repercusiones políticas tanto en Bogotá como en escenarios europeos. Lo único claro es que la figura de Verónica Alcocer, tradicionalmente más ligada a lo simbólico que a lo institucional, se ha convertido en un punto de presión que excede la esfera doméstica y que ahora avanza por el resbaladizo terreno de la cooperación judicial internacional.
