La reciente solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) a las generadoras de energía para que ofrezcan a la empresa Air-e un suministro de electricidad a precios «costo-eficientes» ha generado una amplia discusión. El llamado, basado en el principio de solidaridad estipulado en la Ley 142 de 1994, busca que las compañías generadoras de energía no cobren precios excesivos por la electricidad que suministran a la empresa intervenida. Según Superservicios, esta medida pretende permitir que Air-e se estabilice financieramente mientras logra superar la crisis que enfrenta debido a su difícil situación económica y la imposibilidad de negociar contratos a largo plazo.
Air-e, que atraviesa una grave crisis financiera y administrativa, no es capaz de firmar acuerdos con generadores de energía a precios competitivos, lo que la coloca en una posición de vulnerabilidad frente a los altos costos de la electricidad. Ante esta realidad, Superservicios propone que las generadoras ofrezcan el servicio de forma «solidaria» hasta que la empresa pueda recuperar su capacidad de operación normal. De acuerdo con el ente regulador, esta medida no solo beneficiaría a Air-e, sino también a los usuarios de energía, quienes eventualmente podrían experimentar una mejora en la calidad del servicio.
Las principales empresas generadoras de energía en el país, como AES Colombia, Celsia, Enel, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, son las que están siendo invitadas a participar en esta iniciativa. La solicitud establece que las tarifas de energía y transporte no deben exceder los costos de eficiencia, lo que permitiría a Air-e reducir su exposición a las fluctuaciones de precios en el mercado energético y garantizar un servicio más estable. A corto plazo, esto podría aliviar las dificultades económicas de la compañía intervenida y reducir las presiones sobre sus usuarios.
No obstante, esta propuesta ha generado diversas críticas desde diferentes sectores, especialmente entre aquellos que cuestionan la oportunidad de la solicitud. Los opositores del Gobierno Nacional señalan que este tipo de intervenciones no solo pueden resultar en un costo indirecto para las generadoras, sino también en un precedente peligroso. Consideran que el Estado debería priorizar el pago de los subsidios pendientes en lugar de intervenir de manera directa en los precios del servicio, lo que podría distorsionar el mercado y generar tensiones con las empresas del sector.
El principio de solidaridad invocado por la Superservicios se encuentra respaldado por el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, que estipula que los servicios públicos deben seguir prestándose incluso en situaciones de quiebra, intervención o liquidación de las empresas. Sin embargo, la crítica a esta medida radica en el hecho de que la intervención no aborda las causas estructurales de la crisis de Air-e, ni las soluciones a largo plazo para evitar que el país se vea envuelto en un círculo vicioso de asistencia estatal a empresas deficitarias.
Además, no son pocos los que consideran que esta medida coloca una carga innecesaria sobre las generadoras de energía, que ya enfrentan desafíos operativos y financieros propios. Los precios de la electricidad en el mercado mayorista son volátiles, y las empresas generadoras ya operan con márgenes ajustados. Solicitarles que ofrezcan energía a precios por debajo de los costos de mercado puede generar tensiones entre las partes y afectaría la estabilidad del mercado energético en general.
Por otro lado, esta situación pone en evidencia las debilidades del sistema energético en Colombia y la falta de una estrategia clara para la regulación del sector. Si bien la intervención de Superservicios puede ofrecer una solución temporal para Air-e, se requiere de un enfoque más integral que garantice la sostenibilidad del sistema y que, en última instancia, proteja tanto a las empresas del sector como a los consumidores.
Finalmente, el llamado a las generadoras de energía para que actúen con solidaridad puede ser visto como una medida de emergencia frente a la crisis de Air-e. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más que el destino de una empresa intervenida. La estabilidad del mercado energético, la protección de los consumidores y la viabilidad de las empresas generadoras son factores que deben ser considerados de manera equilibrada. Solo a través de una regulación eficiente y un enfoque de largo plazo se podrá asegurar que el sistema energético colombiano continúe siendo competitivo y sostenible.
