La salud de los maestros en Colombia atraviesa un momento de tensión que va más allá de las citas médicas y los medicamentos faltantes. Esta vez, el debate no se libra en las clínicas ni en los sindicatos, sino en los despachos de quienes manejan las cifras, y en los micrófonos de los medios que las exponen. Un video, unas palabras y una rectificación han puesto al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el centro de la tormenta.
Todo comenzó cuando W Radio divulgó un fragmento de una reunión del consejo directivo del Fomag, celebrada el pasado 29 de abril. En el video, Aldo Cadena, vicepresidente de la entidad, aseguraba que había detectado pérdidas acumuladas por $2 billones en el modelo de salud para los maestros. Una cifra que retumbó de inmediato en las cabezas de más de 800.000 docentes y sus familias, quienes vienen exigiendo mejoras en la atención médica desde hace años.
La respuesta de Cadena no se hizo esperar. En un comunicado oficial, aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que, en realidad, el nuevo modelo de salud muestra un superávit de más de $301.000 millones. Aseguró que los $2 billones en mención corresponden a irregularidades encontradas en el esquema anterior, antes de su llegada al cargo. Y que la grabación difundida fue editada de forma “incompleta y tendenciosa”.
Sin embargo, más allá de los tecnicismos contables, lo que ha quedado al descubierto es un malestar estructural. El sistema de salud del magisterio —por años criticado por ser ineficiente, burocrático y capturado por intermediarios— hoy intenta mostrar una cara nueva. Pero los maestros siguen reportando demoras, negligencias y servicios que no se prestan. La sensación generalizada es que, más allá de los balances, lo que falta es transparencia y resultados visibles en la atención.
El contexto no ayuda. El cambio en el modelo, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, ha estado acompañado de promesas de transformación, pero también de incertidumbre operativa. El Fomag, como órgano central de este sistema, ha recibido críticas tanto por los vacíos de ejecución como por la comunicación confusa con los beneficiarios. El episodio del video de Cadena no hace más que profundizar la desconfianza.
Además, el hecho de que se trate de una reunión privada de carácter oficial plantea interrogantes sobre la gobernanza de lo público: ¿por qué una declaración tan contundente —sea errada o no— ocurre en privado y no en un espacio abierto? ¿Por qué se necesita que un medio de comunicación filtre un video para que el país se entere de la magnitud del problema?
Los sindicatos de maestros, por su parte, han reaccionado con cautela. Mientras algunos exigen claridad total sobre los recursos y el verdadero estado del sistema, otros prefieren esperar a que la transición entre modelos se consolide. Pero el tiempo apremia: la salud no espera balances trimestrales. Los maestros —como ciudadanos y como trabajadores del Estado— merecen una atención eficiente y digna, sustentada no en promesas, sino en resultados tangibles.
Este nuevo capítulo evidencia que, en Colombia, la salud sigue siendo un campo de batalla donde los datos se disputan tanto como las narrativas. Y que la responsabilidad de quienes la administran va más allá de lo contable: implica también el deber ético de hablar con claridad, asumir errores y, sobre todo, garantizar el derecho a la salud de quienes han dedicado su vida a educar a los demás. Porque una verdad a medias, por muy técnica que sea, también puede enfermar la confianza pública.
