La reforma laboral, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno Nacional, se encamina hacia un nuevo pulso en el Congreso. Este lunes 19 de mayo de 2025 inicia la audiencia pública en la Comisión Cuarta del Senado, donde confluyen voces diversas —desde gremios empresariales hasta sindicatos y académicos— en una deliberación que podría redefinir el modelo de empleo en Colombia. La iniciativa, que resucitó hace apenas cinco días luego de haber quedado al borde del hundimiento, entra en tiempo de descuento.
La encrucijada legislativa no es menor. El proyecto aún debe superar dos debates cruciales: el primero en la misma Comisión Cuarta, y el segundo —y decisivo— en la plenaria del Senado. Si sortea ambos con éxito, la reforma tendrá luz verde para convertirse en ley. Sin embargo, el panorama político no es favorable: el oficialismo no cuenta con mayorías sólidas y los cálculos fiscales del Ejecutivo han sido puestos en tela de juicio. La discusión promete ser intensa, con un margen de maniobra que se estrecha por días.
En este contexto, el Consejo Gremial Nacional —que representa a los principales actores del sector privado— ha hecho un llamado claro a preservar los espacios de diálogo técnico y responsable. Si bien el gremio no se opone per se a la reforma, sí advierte sobre el riesgo de que cambios estructurales mal diseñados terminen afectando el empleo formal, aumentando la informalidad o comprometiendo la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
“El momento exige cabeza fría y oído atento”, fue la frase con la que un alto directivo gremial resumió su postura. Enfatizan que no basta con impulsar una reforma que tenga buena intención: se necesita que esté sustentada en evidencia, proyecciones técnicas serias y que contemple el impacto diferenciado sobre regiones, sectores económicos y tipos de empresa. El llamado es a que no se imponga una visión ideológica que ignore las complejidades del mercado laboral colombiano.
La audiencia pública que inicia esta semana será, en ese sentido, un termómetro. No sólo medirán las tensiones entre Gobierno y oposición, sino también la disposición real de todos los sectores a construir una reforma laboral que sea viable, justa y sostenible. Desde los sindicatos se insiste en que se respeten derechos históricos y se corrijan inequidades laborales. Desde el empresariado, la prioridad es evitar rigideces que frenen la contratación o incentiven la tercerización encubierta.
Lo que está en juego va más allá del articulado de una ley. Se trata de definir si Colombia logra avanzar hacia un modelo laboral más equitativo sin sacrificar la competitividad. Un reto que exige algo cada vez más escaso en la política nacional: acuerdos amplios, técnicos y desideologizados. No es menor el hecho de que esta reforma coincide con un momento de enfriamiento económico, donde la tasa de desempleo ronda el 10% y la informalidad laboral supera el 55%.
Por eso, los expertos insisten en la necesidad de evaluar cuidadosamente cada medida propuesta: ¿mejora realmente las condiciones laborales o termina desincentivando la generación de empleo? ¿Protege al trabajador sin poner en jaque al empleador? ¿Fortalece la institucionalidad o la sobrecarga? Son preguntas que aún no tienen respuestas claras y que deben ser despejadas con rigor y sin populismo.
Al final, lo que Colombia necesita no es una reforma laboral para ganar aplausos momentáneos, sino una transformación estructural que equilibre derechos y deberes, flexibilidad y estabilidad, crecimiento y equidad. Y eso solo será posible si el debate que arranca esta semana se da con altura, con argumentos, y con la mirada puesta en el largo plazo. El reloj ya comenzó a correr.
