Una sombra densa se cierne sobre el corazón de Ecopetrol, la mayor empresa estatal del país. La Procuraduría General de la Nación ha anunciado una visita de inspección que tendrá lugar este martes 4 de junio a las 8:30 de la mañana, en el marco de una investigación disciplinaria de alto calibre. En el centro del escándalo está un polémico contrato suscrito con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que podría haber dado pie a prácticas de vigilancia internas sin precedentes.
La lupa está sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señalado por haber autorizado un contrato cuyos alcances han generado alarma institucional. Según trascendidos, la firma contratada habría accedido —o al menos tenido la capacidad de acceder— a comunicaciones personales, correos electrónicos, archivos y dispositivos electrónicos de hasta 70 altos funcionarios de Ecopetrol, así como de sus filiales Hocol y Cenit. Una suerte de espionaje corporativo dentro del Estado, que ha prendido todas las alarmas de los entes de control.
La visita será encabezada por Gloria Yaneth Quintero, procuradora tercera delegada para la contratación estatal, acompañada por Nataly Carolina Erasso y Dolly Rodríguez, adscritas a la Procuraduría Delegada de Instrucción. Junto a ellas se movilizarán peritos expertos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes buscarán recoger documentación física, digital y testimonios clave para esclarecer el alcance real del contrato y sus implicaciones legales.
El anuncio de esta inspección no es menor. Llega en un momento en que la administración Petro ha sido duramente criticada por su manejo de las empresas del Estado, y el caso de Ecopetrol se convierte en un nuevo flanco abierto. La firma Covington & Burling LLP, con sede en Washington, es reconocida por su experiencia en derecho corporativo internacional, pero el contrato en cuestión ha sido interpretado por algunos como una puerta trasera para el monitoreo interno de la propia cúpula directiva de la compañía.
El ambiente en la estatal petrolera es de inquietud. La posibilidad de que se hayan ordenado interceptaciones sin orden judicial pone en juego no solo la legalidad del contrato, sino la legitimidad de las decisiones recientes de su administración. Desde la dirección de Ecopetrol, hasta ahora, reina el silencio, mientras que desde la Procuraduría no descartan eventuales sanciones disciplinarias o incluso traslados del expediente a la Fiscalía General de la Nación.
Este episodio podría marcar un antes y un después en la forma como el país vigila la gestión de sus empresas públicas. Si bien no es la primera vez que la Procuraduría entra en escena frente a Ecopetrol, sí es quizás una de las más delicadas, al involucrar temas de privacidad, vigilancia y posible abuso de poder. ¿Qué se buscaba exactamente con este contrato? ¿A quién respondía? Y, más importante aún, ¿quién autorizó los alcances que hoy se investigan?
Mientras tanto, Colombia observa expectante. La inspección de este martes no será solo un acto de trámite, sino una señal clara de que, aún en las altas esferas del poder económico estatal, los ojos del control institucional siguen abiertos. Porque cuando la transparencia tambalea en los pasillos de una empresa como Ecopetrol, lo que está en juego no es solo una licitación, sino la confianza de todo un país.
