La Fiscalía General de la Nación dio un paso definitivo en el proceso que se sigue contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al radicar el escrito de acusación que lo envía formalmente a juicio por uno de los capítulos más graves de corrupción reciente en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El ex funcionario, hoy prófugo y con circular roja de Interpol, es señalado por la Fiscalía como presunto autor de delitos que involucran la cúspide del poder estatal: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Su paradero es incierto, aunque las autoridades creen que estaría refugiado en Nicaragua.
El escrito de acusación marca un punto crítico en la investigación, pues eleva el proceso a la etapa de juicio y consolida las evidencias que, según el ente acusador, vinculan a González con una red de pagos ilícitos ejecutada al interior de la Ungrd. Esta trama, revelada en medio de un escándalo nacional, ha puesto en tela de juicio el manejo de recursos destinados a atender emergencias en el país.
La Fiscalía sostiene que, entre septiembre y octubre de 2023, González habría dado instrucciones directas a Olmedo López —entonces director de la Ungrd— para desembolsar sobornos con dineros públicos provenientes de contratos de la entidad. Estos pagos, asegura el organismo, estaban destinados a influir políticamente en favor de altos congresistas.
En su declaración, López señaló que esas coimas fueron dirigidas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos capturados por el mismo escándalo. La acusación contra González profundiza la línea de responsabilidad en la cúpula estatal y agrava la dimensión del caso.
Las autoridades afirman que los pagos ilegales fueron canalizados mediante contratos aparentemente regulares que, en la práctica, se convirtieron en instrumentos para desviar recursos hacia terceros, reforzando los argumentos de peculado y lavado de activos que ahora pesan sobre el exjefe del Dapre.
El expediente consolidado detalla movimientos financieros, comunicaciones y testimonios que, según la Fiscalía, dibujan un patrón de directrices impartidas desde la oficina de González. Con ello, el ente investigador busca demostrar que él no solo estaba al tanto del esquema de corrupción, sino que habría participado activamente en su ejecución.
Mientras avanza el proceso judicial, el país sigue a la espera de que González responda ante las autoridades. Su fuga no detiene el curso del expediente, pero sí agudiza el debate público sobre la responsabilidad política y ética de quienes ocuparon altos cargos en el Gobierno, especialmente en un caso que comprometió recursos destinados a salvar vidas y enfrentar desastres.
