El reciente anuncio de la Dirección de Hidrocarburos, que autorizó la importación de gasolina por parte de la cadena de estaciones Primax, ha generado una fuerte controversia en el suroccidente colombiano. La medida, que busca aliviar la escasez de combustibles en la región, se da en un contexto donde el sector de hidrocarburos atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcados por dificultades de abastecimiento, altos costos y un panorama social cada vez más inestable.
El año 2024 ha sido particularmente desafiante para el sector de combustibles líquidos en Colombia. A lo largo de los primeros meses, los problemas relacionados con el orden público y la conflictividad social han entorpecido el suministro de gasolina, diésel y otros combustibles esenciales. En un informe reciente, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) reveló que el año pasado se registraron 147 bloqueos a plantas y vías, 300 válvulas ilícitas en poliductos, y más de 40 atentados a oleoductos, lo que ha afectado la logística del sector.
En este contexto, la importación de gasolina parece ser una respuesta ante la presión del mercado y las fallas en la producción interna. Sin embargo, el hecho de que Primax, una de las principales cadenas de estaciones de servicio, sea la beneficiaria de esta medida, ha generado críticas en varios sectores, que señalan que podría ser una muestra de la privatización del suministro de combustibles, exacerbando la desigualdad en el acceso a estos recursos en diferentes regiones del país.
A pesar de las tensiones, el Ministerio de Minas y Energía ha defendido la decisión. Según su vocero, la importación busca garantizar el abastecimiento en el suroccidente, donde las dificultades logísticas y la falta de infraestructuras adecuadas para el transporte de combustibles han afectado a miles de colombianos. La medida, explican, es temporal y busca ofrecer una solución frente a la escasez, sin poner en riesgo el funcionamiento del mercado interno a largo plazo.
Lo que se está cuestionando, sin embargo, es la sostenibilidad de esta política. Algunos expertos advierten que la importación de gasolina puede no ser la respuesta ideal para resolver las deficiencias estructurales del sistema energético colombiano. Para muchos, se trata de una solución paliativa que no aborda las causas subyacentes del desabastecimiento, como el deterioro de las infraestructuras de transporte, la falta de inversión en refinerías y los problemas de seguridad que afectan el transporte de hidrocarburos en el país.
Además, la autorización a Primax para importar gasolina ha desatado dudas sobre la equidad en el mercado de combustibles. Si bien la medida podría aliviar la situación en algunas regiones, podría generar distorsiones en los precios, aumentando aún más el costo para los consumidores en áreas donde las estaciones de servicio dependen de la producción nacional. En este sentido, la gestión estatal del sector energético parece estar siendo puesta a prueba en su capacidad para equilibrar la oferta y la demanda de manera justa y eficiente.
No menos importante es la percepción de que el Gobierno está cediendo demasiado frente a los intereses privados, mientras el país sigue luchando con una infraestructura energética obsoleta y una seguridad precaria en las zonas productoras. El reto para el Ministerio de Minas y Energía es encontrar un balance entre las necesidades inmediatas de los ciudadanos y la construcción de un sistema más robusto y autónomo que garantice la estabilidad a largo plazo.
El debate sobre la importación de gasolina en el suroccidente es solo un capítulo de una narrativa más amplia sobre la transición energética y la sostenibilidad de los recursos naturales en Colombia. Con un sector energético que sigue bajo tensión, las decisiones que tome el Gobierno en los próximos meses serán clave para determinar cómo se garantizará el acceso a los combustibles sin sacrificar la justicia social ni el bienestar económico de la nación.
