En pleno año electoral, mientras los discursos sobre la transparencia retumban desde la Casa de Nariño hasta las plazas digitales, el Gobierno nacional ha adjudicado un contrato por más de $1.624 millones a Fundetec, una fundación con rostro joven y apellido conocido. Al frente de esta entidad está Farid Parrado Corredor, un nombre que hasta hace poco no figuraba en el radar público, pero que ahora genera inquietud por una razón que va más allá de su hoja de vida: es primo de Albert Corredor, excandidato a la Alcaldía de Medellín y ex concejal cercano al Pacto Histórico.
La denuncia fue revelada por el concejal bogotano Daniel Briceño, quien publicó el contrato firmado el mes pasado entre el canal público Telecafé y Fundetec, a nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El objeto del contrato parece noble: diseñar e implementar una “escuela digital” para capacitar a medios alternativos, creadores de contenido e “influencers” en técnicas de comunicación digital. Sin embargo, detrás del tecnicismo institucional, el asunto plantea preguntas que incomodan.
¿Quién decide a quién se forma, y con qué propósito, en tiempos donde la frontera entre información, activismo y propaganda se ha vuelto difusa? Más aún: ¿cómo llegó una organización sin mayor trayectoria nacional a encargarse de semejante tarea, en un momento en el que la visibilidad en redes sociales se ha convertido en moneda de poder político? El contrato deja ver una apuesta del Gobierno por construir músculo comunicacional desde las bases, pero también abre la puerta al debate sobre clientelismo digital y favoritismo disfrazado de innovación.
Según el documento divulgado por Briceño, el contrato contempla la creación de una plataforma tipo Moodle, una incubadora de medios emergentes y una oferta educativa para formar a “actores estratégicos” de la comunicación en todo el país. El lenguaje es técnico, pero el impacto es político. La escuela no solo capacita: construye lealtades, teje redes y amplifica voces. Y en un contexto donde los medios tradicionales han sido duramente criticados por el Gobierno, el surgimiento de una red paralela de medios alternativos bajo el auspicio estatal no pasa desapercibido.
Fundetec, según registros públicos, ha manejado contratos menores con entidades regionales, pero nunca uno de esta magnitud ni con tanta exposición. Su repentino salto al escenario nacional, en alianza con un canal público, es interpretado por críticos como una jugada estratégica que mezcla poder territorial, nexos familiares y el nuevo lenguaje digital de la política. El apellido Corredor —ligado al círculo de influencia del petrismo en Antioquia— aparece aquí no como actor principal, pero sí como telón de fondo.
Las respuestas del MinTIC han sido, hasta ahora, escuetas. La entidad se limita a señalar que el contrato cumple con los requisitos de ley y que se enmarca dentro de los programas para democratizar el acceso a la información. Pero la controversia crece, especialmente porque el contrato coincide con una intensificación del discurso oficial en redes, acompañado por un ejército digital que, entre memes, videos virales y mensajes programáticos, busca moldear el relato nacional.
Más allá de las formalidades, el caso Fundetec nos confronta con una vieja inquietud nacional: ¿cuánto cuesta construir poder, y quién paga la factura? El Estado, en su intento por acercarse a nuevas audiencias, corre el riesgo de financiar no solo una escuela de comunicación, sino también una red de propaganda que difumina la línea entre lo público y lo partidista. Como en toda historia de contratismo con vínculos familiares, lo que está en juego no es solo el dinero, sino la credibilidad. Y en año electoral, eso vale mucho más.
