En Colombia, conseguir un medicamento se ha convertido en una odisea. Lo que antes era una diligencia rutinaria —ir a la farmacia de la EPS y reclamar el tratamiento— hoy se ha transformado en una prueba de paciencia y resistencia. Según la más reciente radiografía presentada por la Defensoría del Pueblo, uno de cada cuatro reclamos en salud está relacionado con la falta de medicamentos. Las cifras son tan frías como el mostrador en el que muchos pacientes escuchan, una vez más, la frase: “Venga mañana”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, una radiografía que retrata la crisis estructural del sistema de salud en el acceso a tratamientos. El documento revela un panorama alarmante: miles de colombianos están viendo vulnerado su derecho a la salud debido a demoras, negaciones y trámites interminables. Lo que debía ser un sistema para salvar vidas se ha convertido, cada vez más, en un laberinto burocrático.
Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se han presentado 1.003.147 tutelas por temas de salud ante la Corte Constitucional. Las cifras reflejan un aumento sostenido año tras año. En 2020 se registraron 81.736 acciones; en 2021, 92.372; en 2022, 156.357; en 2023, 197.737; y en 2024, 265.173. Para 2025, la Defensoría proyecta un total de 314.658. Es decir, en tan solo cinco años, las tutelas prácticamente se cuadruplicaron. La cifra habla por sí sola: la gente ya no confía en el sistema, confía en los jueces.
El incremento no es menor. Solo entre 2023 y 2024, las tutelas crecieron un 34,1 %, y para 2025 se espera un aumento adicional del 18,6 %. Este fenómeno demuestra que los problemas de acceso no solo no se están resolviendo, sino que se agravan. Las cifras son el reflejo de un país donde el derecho a la salud depende, con frecuencia, del poder de una firma judicial.
El informe también detalla el comportamiento de los reclamos directos ante la Defensoría del Pueblo. Desde 2022 y hasta agosto de 2025, esa entidad ha recibido más de 107.000 quejas relacionadas con el sector salud. Solo en 2022 se radicaron 19.138; en 2023, 25.846; en 2024, 34.086, y para 2025 se prevé que la cifra supere las 42.000. Una tendencia ascendente que retrata con crudeza la pérdida de confianza de los usuarios en las EPS y en el sistema de atención.
De esos reclamos, el 21 % —unos 23.000 casos— corresponden a la falta de entrega oportuna de medicamentos. En muchos de ellos, los pacientes no solo ven retrasado su tratamiento: algunos lo pierden completamente. La defensora Marín explicó que no todos los casos terminan en tutela, ya que la entidad intenta mediar con las EPS antes de llegar a instancias judiciales. Sin embargo, el crecimiento sostenido de las quejas demuestra que las soluciones preventivas están siendo insuficientes.
El desabastecimiento no distingue regiones ni patologías. Desde enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes, hasta tratamientos de alto costo para el cáncer o las enfermedades huérfanas, todos los pacientes enfrentan la misma respuesta: “No hay disponibilidad”. En algunos casos, los medicamentos llegan por partes o con semanas de retraso, interrumpiendo tratamientos que no pueden esperar.
Más allá de los números, el informe de la Defensoría pone rostro humano a la crisis. Detrás de cada tutela hay un paciente que sufre, un cuidador que insiste y una familia que se desespera. Colombia atraviesa una enfermedad silenciosa que no se cura con fórmulas ni decretos: la del desabastecimiento, la de un sistema que prometió proteger la vida, pero que cada vez más parece negar con un “vuelva mañana”.
