El Hospital San Sebastián de Urabá en Necoclí, un municipio de la región de Urabá, enfrenta una crisis financiera crítica que pone en jaque su capacidad de seguir operando. La deuda acumulada por la atención de migrantes, que supera los $2.500 millones, se ha convertido en una bola de nieve que crece a diario sin que el Ministerio de Salud haya dado respuesta. Este panorama no solo amenaza la estabilidad del hospital, sino también el bienestar de miles de personas, entre ellas los migrantes que, debido a la crisis humanitaria, requieren atención urgente.
Desde 2018, el hospital ha brindado atención a miles de migrantes que atraviesan Colombia en su ruta hacia otros países. A diario, entre 13 y 20 migrantes llegan al servicio de urgencias con diversas patologías que van desde enfermedades graves hasta complicaciones en mujeres embarazadas. Sin embargo, el sistema de salud local se ha visto colapsado por la falta de recursos y el retraso en los pagos por parte del Gobierno Nacional, lo que ha generado un hueco financiero insostenible. La deuda no solo afecta el funcionamiento del hospital, sino que pone en peligro la vida de los migrantes que no tienen acceso a servicios médicos en otros lugares.
Uno de los principales problemas radica en la complejidad del cobro. Muchos de los migrantes no cuentan con documentos de identificación, lo que hace casi imposible reclamar los pagos a las entidades correspondientes. Mientras tanto, el Gobierno Nacional exige atención inmediata para toda persona en situación de emergencia, pero no cumple con la misma celeridad en el desembolso de los recursos que adeuda, lo que pone a los hospitales en una situación de vulnerabilidad extrema. “Nos dejaron solos”, expresó el gerente del hospital, Wilder Peñafiel Arias, al referirse a la falta de apoyo estatal para cubrir la deuda que sigue creciendo con el paso de los días.
Además de las dificultades económicas internas, el hospital enfrenta una nueva complicación: el cierre de algunas ONG que colaboraban con la atención básica de salud en la región. Las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, especialmente las restricciones migratorias, han generado un entorno aún más incierto y complejo para los migrantes, quienes se ven obligados a buscar atención médica en condiciones precarias. Sin el apoyo de estas organizaciones, el hospital se ve aún más sobrecargado, con pocos recursos y sin la capacidad suficiente para enfrentar el flujo constante de pacientes.
A pesar de los esfuerzos del hospital por buscar soluciones a través de acciones legales, la deuda sigue creciendo y la respuesta de las autoridades locales y nacionales sigue siendo insuficiente. Los alcaldes de la región, preocupados por la situación crítica, han insistido en la necesidad de que el Gobierno Nacional establezca una ruta financiera clara para la atención de los migrantes, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta efectiva. La situación no solo está afectando la operatividad del hospital, sino que también está dejando a la deriva a los ciudadanos que dependen de sus servicios.
La falta de atención inmediata por parte del Ministerio de Salud y las autoridades nacionales ha llevado al hospital a una situación límite, donde la deuda se acumula sin cesar y las facturas impagas siguen aumentando. Desde agosto del año pasado, la deuda ascendía a más de $1.181 millones, y hoy en día, con la crisis de los migrantes que sigue sin resolverse, esa cifra ha aumentado considerablemente. El hospital de Necoclí, un centro de salud vital para miles de personas en la región, se enfrenta ahora a una incertidumbre que amenaza no solo su existencia, sino también la salud y la vida de aquellos que acuden a él en busca de ayuda.
