En los últimos meses, Colombia ha visto intensificarse la violencia entre diversos grupos armados, lo que ha desencadenado una serie de emergencias humanitarias en varias regiones del país. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 11 focos de emergencia se han activado en los últimos tiempos, afectando principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. En un escenario de conflicto cada vez más fragmentado, 10 estructuras armadas serían responsables de estas crisis, generando una alarmante situación en 16 territorios de Colombia.
La violencia ha dejado un saldo aterrador de víctimas y desplazamientos forzados. En total, más de 5.400 personas han sido desplazadas, mientras que más de 11.800 se encuentran confinadas, sin poder moverse por el temor a los enfrentamientos armados. La cifra de homicidios también ha aumentado significativamente, con al menos 27 muertes documentadas por la Defensoría, lo que refleja la magnitud de una crisis humanitaria que sigue afectando a las comunidades más vulnerables del país.
Entre los territorios más impactados por esta ola de violencia se encuentran departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Meta, Putumayo y Tolima. Sin embargo, uno de los focos más críticos se ha registrado en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el pasado 4 de febrero se libra una violenta disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por el control territorial. Esta confrontación ha desplazado a más de 1.600 personas, muchas de ellas miembros de la comunidad indígena Wounan, que han quedado atrapadas en sus resguardos por miedo a ser atacadas.
La situación en Chocó ha empeorado con el anuncio de un paro armado por parte del ELN, lo que ha intensificado aún más la crisis. La región del occidente del país se enfrenta a un panorama cada vez más desolador, con rumores de alianzas entre diferentes grupos armados, como las disidencias de alias Mordisco y el Clan del Golfo, lo que genera un caldo de cultivo para más enfrentamientos y desplazamientos forzados. Este tipo de alianzas, aunque inusuales, reflejan la compleja y cambiante dinámica del conflicto armado en Colombia.
Por su parte, Antioquia también se ha visto gravemente afectada por estos enfrentamientos. Las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias lideradas por Calarcá Córdoba en el Norte del departamento han dejado a 135 personas confinadas y seis civiles asesinados en casos selectivos. Esta violencia no solo afecta a la población civil, sino que también agrava aún más la situación humanitaria en el Bajo Cauca y el Nordeste, donde otras 530 personas han sido desplazadas en las últimas semanas.
El Magdalena Medio, una región que abarca varios departamentos, también ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, todos buscando el control de las rentas ilegales derivadas de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. En este contexto, las comunidades rurales continúan siendo las principales víctimas de estos grupos, atrapadas en un ciclo de violencia sin fin que las deja sin opciones para su supervivencia.
Finalmente, Nariño, una de las regiones más afectadas por las disputas por el narcotráfico, también enfrenta una situación crítica. La instalación de minas antipersona por parte de las disidencias de las Farc y del frente Comuneros del Sur del ELN ha generado un alto riesgo para las comunidades que habitan esta zona. La violencia en esta región ha provocado el desplazamiento de cientos de familias, sumando más sufrimiento a una crisis humanitaria que parece no tener fin.
