La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación contra la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, por presuntas amenazas dirigidas a Sara Enit Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca Colombia, que lucha contra el abuso sexual infantil en el contexto del conflicto armado. Las amenazas habrían tenido lugar en noviembre de 2024, en un momento en que la labor de Rosa Blanca y la propia Morales se centraban en la denuncia de crímenes cometidos por exmiembros de las FARC, de las que Ramírez fue parte como comandante guerrillera. Esta investigación genera una profunda inquietud, pues pone en tensión la reconciliación en Colombia, los derechos de las víctimas y la reconstrucción de una política de paz.
En su denuncia, Morales asegura que, durante un encuentro en el Congreso de la República, Ramírez se acercó a ella y, de manera velada, la amenazó, aludiendo a la denuncia que la vocera había presentado contra Geovany, un excomandante de las FARC. El comentario de la senadora, que fue interpretado por Morales como intimidatorio, estaría vinculado a las denuncias que la vocera de Rosa Blanca ha venido haciendo sobre el abuso sexual de menores por parte de exlíderes guerrilleros. Específicamente, la acusación se enmarca en un proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que examina los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Este proceso judicial, que involucra a Ramírez, ha cobrado gran relevancia debido a las declaraciones de las víctimas, como la de Deisy, quien relató en Caracol Radio cómo ella y otras menores fueron abusadas durante su tiempo en las FARC. La declaración de Deisy no solo apunta a Ramírez, sino a otros comandantes guerrilleros, señalando que las menores de edad eran víctimas recurrentes de abusos por parte de los líderes insurgentes. Las acusaciones son graves y reflejan la complejidad del proceso de paz, en el que se entrelazan las realidades del perdón, la justicia y la reparación.
El 25 de marzo, en una audiencia de la Corte, Sara Enit Morales amplió su denuncia, asegurando que el comentario de Ramírez no solo fue intimidatorio, sino que estaba relacionado con las investigaciones en curso sobre crímenes sexuales cometidos contra niños y adolescentes durante el conflicto armado. La Corte Suprema, tras escuchar a la vocera de Rosa Blanca, decidió abrir una investigación preliminar y ordenar la recolección de pruebas, incluida la obtención de registros de acceso al Congreso en el horario específico en que se produjo el encuentro entre ambas.
La investigación de la Corte no solo se centra en las presuntas amenazas, sino también en el contexto en el que se habrían producido, relacionado con el trabajo de la JEP sobre los crímenes cometidos por las FARC. Ramírez, como senadora y exmiembro de la guerrilla, está siendo investigada en el marco del macrocaso No. 07, que aborda delitos sexuales contra niños y niñas. Las víctimas, en su mayoría, han sido menores de edad que vivieron el conflicto armado de cerca, y sus testimonios siguen siendo una fuente de dolor y de denuncia.
El comentario de Ramírez, en el que mencionó la necesidad de un esquema de seguridad para Morales, fue interpretado por la vocera como una amenaza directa. La forma en que la senadora se dirigió a ella y el contexto en el que se desarrollaron los hechos refuerzan la idea de que las amenazas no fueron meras palabras casuales, sino parte de un patrón de intimidación vinculado a las investigaciones que Ramírez enfrenta en la JEP. Las pruebas de las amenazas y los testimonios de las víctimas continúan acumulándose, mientras que la Corte Suprema avanza con su investigación.
Este caso pone sobre la mesa una de las mayores tensiones del proceso de paz en Colombia: la transición de los excombatientes de las FARC hacia la vida política y su relación con las víctimas del conflicto armado. Si bien la justicia transicional busca reparar los crímenes cometidos, la implicación de actores políticos que tienen un pasado en la guerrilla siempre ha sido controversial. Las denuncias de amenazas y abusos son recordatorios de que el camino hacia la paz en Colombia sigue siendo complejo, y que la reconciliación no puede dejar de lado las demandas de justicia de las víctimas.
Finalmente, este caso no solo tiene implicaciones legales, sino que también plantea preguntas sobre la ética política y la moralidad en el ejercicio del poder. La tensión entre las víctimas y los excombatientes, los intereses políticos y los procesos judiciales, subraya lo difícil que es construir un futuro común en un país marcado por décadas de violencia. La Corte Suprema tiene ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos y garantizar que, independientemente de las posiciones políticas, se haga justicia en nombre de las víctimas y la paz de Colombia.
