En medio de una creciente tensión institucional, el Gobierno nacional parece decidido a decretar una consulta popular antes del 12 de junio, pese al rechazo expreso del Senado. El ministro de la Política, Armando Benedetti, confirmó este martes que ya está listo el borrador del decreto y que se están afinando los últimos detalles para blindarlo jurídicamente. “No es si se debe hacer el decreto o no, sino cómo se debe hacer”, declaró con firmeza. El presidente Gustavo Petro ha sido reiterativo: “La consulta va porque va”, desafiando de frente la decisión legislativa.
El anuncio tiene visos de inminencia. Según fuentes de alto nivel consultadas por El Colombiano, la medida podría concretarse esta misma semana si las asesorías jurídicas así lo permiten. El Gobierno argumenta que el 1 de junio venció el plazo para que el Senado se pronunciara, y que en ausencia de una decisión válida, estaría habilitado para avanzar con el mecanismo. Sin embargo, esta interpretación jurídica está lejos de ser pacífica y ha generado alarma en distintos sectores políticos y constitucionales.
El Senado, por su parte, no ha guardado silencio. La plenaria hundió oficialmente la convocatoria a la consulta, y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ha advertido que, de materializarse el decreto, recurrirán inmediatamente al Consejo de Estado. “Estoy seguro de que les tumban eso por arbitrario”, sentenció. La oposición califica la movida del Ejecutivo como una amenaza directa a la separación de poderes y un desprecio por la institucionalidad democrática.
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del exmagistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. Para él, la posición del Gobierno “es insostenible”. En entrevista con El Colombiano, recordó que el Presidente no puede, por cuenta propia, desconocer una decisión adoptada por el Senado y debidamente certificada. Si hubiese alguna irregularidad, el camino legal sería llevar el caso ante la justicia, no actuar por decreto.
Aun así, desde la Casa de Nariño se insiste en una lectura alternativa de la ley. Petro parece convencido de que la consulta popular puede usarse como herramienta de presión y legitimación, aun cuando el camino legal esté plagado de dudas. Es una estrategia arriesgada que podría terminar en un nuevo revés judicial, como lo han advertido tanto académicos como líderes políticos. El propio Benedetti ha dicho que el trabajo técnico se centra ahora en construir una “columna vertebral jurídica” para el decreto.
Detrás de esta insistencia gubernamental subyace una apuesta política de fondo: buscar el respaldo directo de la ciudadanía en temas clave de la agenda presidencial, sorteando los bloqueos legislativos. Pero al hacerlo, el Ejecutivo arriesga romper los equilibrios institucionales, abriendo un precedente peligroso en el uso de los mecanismos de participación como atajos frente a las decisiones del Congreso.
En ese cruce de caminos, el país se enfrenta no solo a una disputa jurídica, sino a una prueba de fuego para la democracia. ¿Puede un Gobierno pasar por alto el pronunciamiento del Legislativo bajo el argumento de una interpretación favorable de la ley? ¿Hasta dónde se puede tensar la cuerda de los poderes públicos sin provocar una fractura institucional? En los próximos días, con un decreto que podría firmarse en cualquier momento, Colombia sabrá si esta consulta es el inicio de un diálogo con la ciudadanía o la puerta a una nueva crisis de gobernabilidad.
