La política colombiana, como suele suceder cada tanto, se sacude en sus cimientos cuando las tensiones internas de las coaliciones se hacen públicas. Esta vez, el epicentro del temblor se sitúa en el corazón del Pacto Histórico, donde Gustavo Bolívar, una de sus voces más visibles y polémicas, ha lanzado una advertencia que suena más a ultimátum que a gesto simbólico: si Daniel Quintero participa en la consulta presidencial, él se baja del bus.
El anuncio no es menor. Bolívar, guionista devenido político, ha cultivado una imagen de verticalidad moral que lo ha enfrentado incluso con sus aliados más cercanos. Su amenaza de retirarse no responde a un capricho pasajero, sino a una convicción profunda: no está dispuesto a respaldar a un candidato señalado por corrupción, aunque ello le cueste mil elecciones, según sus propias palabras. Prefiere —dice— perderlas todas antes que traicionar su coherencia.
El conflicto se centra en la posible participación de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y líder del movimiento Independientes, cuya trayectoria política ha estado marcada por decisiones audaces y controversias judiciales. Hoy, su nombre genera escozor dentro del Pacto Histórico, no solo por sus métodos, sino por su reciente imputación en un proceso penal relacionado con presuntos actos de corrupción. Una mancha que, para Bolívar, basta para vetar políticamente.
Más allá del enfrentamiento personal, lo que se pone sobre la mesa es una discusión ética de fondo: ¿puede una coalición que se ha vendido como alternativa moral al establecimiento permitir la entrada de figuras cuestionadas? ¿Dónde se traza la línea entre la presunción de inocencia y el deber de cuidar la imagen colectiva? Bolívar no duda: la línea debe ser clara y tajante. Por eso ha elevado su voz al Comité de Ética del Pacto, pidiendo una evaluación seria del caso Quintero.
No está solo en su postura. La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, también ha salido a recordar que el Comité Ético ya se pronunció en un caso similar: el de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, quien fue excluida de las listas al Congreso precisamente por estar imputada. Ahumada, curiosamente, también provenía del movimiento Independientes, lo que plantea un doble rasero si ahora se hace la vista gorda con su líder.
El trasfondo es claro: hay una tensión soterrada entre sectores del petrismo más ortodoxo, que claman por una identidad política limpia, y otros más pragmáticos que ven en Quintero una ficha clave para disputar el poder regional. El guiño que el propio presidente Gustavo Petro le ha hecho en algunas ocasiones al exalcalde paisa no ha pasado desapercibido y complica aún más el tablero interno del Pacto Histórico.
Bolívar, en cambio, se planta firme. Asegura que no se prestará para legitimar una candidatura que, según él, representa lo mismo que combatió en las pasadas elecciones, cuando enfrentó al también imputado Rodolfo Hernández. “No puedo defender a Quintero sin traicionar mis principios”, dijo. La frase, lanzada con tono dramático, recoge un dilema que ha perseguido a muchas figuras políticas que han optado por la ética aún a costa de la victoria.
Este episodio revela que la unidad del Pacto Histórico no es una realidad consolidada, sino una construcción frágil, sujeta a los vaivenes de sus liderazgos y a los límites de su moral colectiva. La consulta presidencial, que debería ser un ejercicio de convergencia democrática, amenaza con convertirse en un campo minado de reproches y fracturas.
Por ahora, la pelota está en el campo del Comité Ético. Su decisión marcará un precedente crucial para el futuro del Pacto Histórico. Si cede ante el cálculo electoral, arriesga su credibilidad. Si respalda la postura de Bolívar y otros críticos, podría abrir una crisis interna de consecuencias impredecibles. En cualquier caso, el mensaje de fondo es claro: la política sigue siendo, también, una batalla por la coherencia.
