Como si de un viejo refrán se tratara, el aeropuerto internacional José María Córdova, puerta de entrada a Medellín y a buena parte del nororiente del país, se encuentra atrapado en una paradoja kafkiana: todo está listo para su ampliación, menos el permiso. Desde finales de 2024, el operador privado del terminal terminó los diseños de emergencia para una expansión de $166.000 millones, y más de $120.000 millones ya están disponibles para arrancar. Sin embargo, desde Bogotá —más concretamente desde los escritorios de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte—, no llega ni una firma, ni una respuesta clara. El silencio administrativo, mientras tanto, congestiona aún más una infraestructura al borde del colapso.
El José María Córdova fue concebido para movilizar hasta 11 millones de pasajeros al año. Hoy, con una cifra que ya ronda los 13,8 millones, opera en sobrecapacidad. En horas pico, el caos se adueña de las salas, los andenes y las pistas. Y aunque el operador ha tenido la voluntad, el músculo financiero y el plan técnico para enfrentar esta emergencia, lo cierto es que los engranajes institucionales que deberían permitir su ejecución están trabados. La molestia empieza a calar en el gremio de la infraestructura, que ve con preocupación cómo un proyecto de interés nacional queda detenido por la lentitud burocrática.
En voz baja —y en voz alta, también—, algunos empresarios del sector califican la actitud de la Aerocivil como un bloqueo inexplicable. “Ni raja ni presta el hacha”, dicen, para retratar a una entidad que ni avanza, ni deja avanzar. Las razones del limbo son difusas. No hay objeciones técnicas públicas ni cuestionamientos formales sobre los diseños. Pero tampoco hay cronograma de aprobación, ni hoja de ruta institucional. Una especie de neblina administrativa cubre el proyecto, y mientras se disipa —si es que se disipa—, los pasajeros siguen pagando con demoras, incomodidad y riesgo.
El caso ha encendido alertas, no solo por lo que significa en términos de movilidad aérea, sino por el mensaje que lanza al país. ¿Qué pasa cuando un operador privado, con los recursos y la disposición para mejorar una infraestructura crítica, se estrella contra un muro invisible de trámites inconclusos? La pregunta no es menor, sobre todo en un momento en que se insiste en la necesidad de dinamizar la economía a través de la inversión en infraestructura y de garantizar condiciones para la competitividad regional. Medellín y Antioquia están en plena expansión económica, pero su aeropuerto está en asfixia.
Y no es un aeropuerto cualquiera. El José María Córdova no solo conecta a Medellín con el resto del país, sino que es un nodo estratégico para el turismo, el comercio y la logística internacional. Las aerolíneas ya han alertado sobre las limitaciones operativas, y el crecimiento de rutas y frecuencias —un síntoma positivo— amenaza con volverse una carga, si no se traduce en una expansión acorde. La ampliación de la terminal no es un capricho: es una necesidad urgente que ya debería estar en marcha.
Pero en lugar de obras, hay reuniones. En lugar de permisos, hay silencios. Y mientras el operador aguarda, los millones de viajeros que transitan por Rionegro lo sienten en la piel: esperas más largas, operaciones saturadas, infraestructura insuficiente. Desde las montañas de Antioquia, el clamor es claro. Desde los pasillos de la Aerocivil, en cambio, lo que reina es la opacidad. ¿Será que el centralismo —tan viejo como eficaz— vuelve a meter la mano, esta vez con guantes de tecnicismo?
Porque lo que está en juego no es solo un aeropuerto. Es la capacidad del Estado colombiano de acompañar la iniciativa privada cuando esta busca resolver un problema real. Es la posibilidad de que las regiones tomen decisiones rápidas frente a sus necesidades inmediatas. Y es, también, el ejemplo concreto de cómo una ampliación frustrada puede convertirse en una metáfora perfecta de un país que sigue funcionando a pesar de sí mismo. Colombia, tantas veces a punto de despegar, sigue esperando que alguien firme.
