En un giro inesperado, la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Alba Lucía Velásquez, logró aplazar la discusión sobre el caso del presidente Gustavo Petro, en el que se investigan presuntas irregularidades por violación de topes en su campaña electoral. Velásquez argumentó que una infección respiratoria le impidió estudiar a fondo la ponencia presentada, solicitando una nueva rotación de la misma, lo que forzó a posponer el debate.
Esta jugada ha dado al presidente Petro más tiempo, hasta por lo menos el 30 de septiembre, para continuar con su estrategia de rechazo hacia la ponencia y los magistrados que la sustentan. En las últimas semanas, Petro ha criticado abiertamente al CNE y ha calificado el proceso como una persecución política, intensificando sus ataques a quienes considera responsables de lo que denomina un intento de desestabilización de su gobierno.
El aplazamiento beneficia temporalmente al mandatario, quien ha logrado evitar un fallo que podría afectar su legitimidad o incluso abrir la puerta a sanciones legales. Sin embargo, para muchos sectores de la oposición, este retraso es visto como una maniobra dilatoria que obstruye la justicia y prolonga la incertidumbre sobre el resultado final del proceso.
