En un giro inesperado que sacude los cimientos del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un juez de la República negó el principio de oportunidad al que habían llegado el exdirector de la entidad, Olmedo López, y la Fiscalía General de la Nación. La decisión, conocida en primicia por El Espectador, se fundamenta en fallas procesales atribuibles al ente acusador, lo que pone en riesgo no solo el acuerdo con López, sino también la posibilidad de enjuiciar a otros funcionarios y congresistas mencionados en sus declaraciones.
El exfuncionario había suscrito un compromiso que combinaba reparación económica y colaboración judicial. A cambio del principio de oportunidad, López aceptó el pago de una multa superior a los 700 millones de pesos y se comprometía a ofrecer asesoría técnica y acompañamiento a comunidades de La Guajira, una región históricamente golpeada por el olvido estatal, donde el acceso al agua sigue siendo una promesa incumplida. No obstante, la negligencia procesal de la Fiscalía podría enterrar estos compromisos y dejar en el limbo judicial sus explosivas confesiones.
La pieza clave del acuerdo era su disposición a delatar a otros involucrados en la red de corrupción que operó desde las entrañas del poder. López había empezado a revelar nombres, cargos y dinámicas de contratación irregulares que, según sus versiones, vinculan a varios congresistas con la entrega de contratos a cambio de apoyo legislativo. Ahora, con el principio de oportunidad negado, esas declaraciones quedan jurídicamente vulnerables, y su impacto en las investigaciones futuras se desvanece peligrosamente.
La noticia ha causado conmoción en la Corte Suprema de Justicia, donde este martes rindió testimonio María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. En su declaración, la funcionaria hizo referencia a por lo menos siete congresistas que habrían sostenido comunicaciones directas con funcionarios del Gobierno con el propósito de obtener beneficios contractuales en las regiones que representan, a cambio de votos en favor de proyectos del Ejecutivo. Sin el soporte procesal que ofrecía el acuerdo con López, esas afirmaciones podrían terminar como simples señalamientos sin consecuencia penal.
Más allá del escándalo político y judicial, esta decisión judicial revela un patrón preocupante: la incapacidad del aparato institucional para sostener acuerdos de justicia que implican a altos funcionarios. La Fiscalía, llamada a ser el garante de la legalidad, habría fallado en procedimientos básicos que ahora podrían deslegitimar toda la estrategia de cooperación con testigos clave como López. Se trata de un tropiezo que pone en jaque la credibilidad del ente acusador y deja la puerta abierta a la impunidad.
En La Guajira, las comunidades que esperaban el cumplimiento del componente social del acuerdo —incluida la tan necesitada asesoría en gestión de agua— vuelven a quedar en la incertidumbre. No es la primera vez que una promesa del Estado se desvanece entre fallas burocráticas y cálculos políticos. Para muchos líderes locales, el fracaso del acuerdo no solo significa la pérdida de un beneficio concreto, sino también una nueva traición institucional.
Este episodio, más allá de sus implicaciones jurídicas, representa un espejo incómodo del país: uno en el que la corrupción se investiga a medias, los acuerdos con testigos se frustran por errores de procedimiento y las comunidades más vulnerables siguen siendo las grandes perdedoras. El caso UNGRD, que prometía convertirse en un símbolo de justicia ejemplar, corre ahora el riesgo de disolverse entre tecnicismos y silencios. La justicia, una vez más, se tambalea.
