El evento del sábado pasado en Medellín, en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con ex cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, continúa generando escozor en el debate público. La escena, sin precedentes en la historia reciente del país, ha desencadenado una cadena de cuestionamientos que no terminan en la Casa de Nariño. Esta vez, las miradas apuntan a la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien fue señalada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de haber intervenido presuntamente para frenar la captura de un presunto capo: alias Yordi, supuesto cabecilla de La Terraza.
La denuncia fue hecha por Gutiérrez durante una entrevista con la emisora Blu Radio, en la que afirmó que Zuleta habría interferido con las investigaciones judiciales en curso contra ese presunto delincuente. Según el mandatario, esa injerencia —de comprobarse— no solo comprometería la independencia de los procesos judiciales, sino que también habría puesto en riesgo una operación que llevaba meses de seguimiento por parte de las autoridades.
El operativo en cuestión tuvo lugar el pasado 9 de junio. En un despliegue simultáneo en varias ciudades del país, las fuerzas del orden capturaron a varios sospechosos con presuntos vínculos con las bandas criminales La Terraza y La Oficina. Una de las detenciones más relevantes fue la de alias Yordi, quien cayó en Armenia tras ser objeto de una persecución de más de diez meses por parte de la inteligencia policial.
La senadora Zuleta respondió con contundencia, rechazando las acusaciones del alcalde. A través de sus redes sociales y en posteriores declaraciones, aseguró que se trata de una «acusación temeraria» y anunció que interpondrá una denuncia penal contra Gutiérrez por calumnia. En su defensa, Zuleta reiteró su respaldo al proceso de paz urbana que lidera el Gobierno y negó haber realizado cualquier gestión para interferir en capturas u operaciones judiciales.
El hecho reabre el debate sobre los límites de la acción política en procesos de paz con estructuras criminales. Mientras el Ejecutivo promueve una política de «paz total» que incluye la negociación con actores ilegales, alcaldes como Gutiérrez han sido enfáticos en señalar que la delgada línea entre la paz y la permisividad no puede cruzarse. Para ellos, el “tarimazo” del sábado es una señal preocupante de hasta dónde puede llegar la narrativa de reconciliación.
La controversia también tensiona las ya complejas relaciones entre el gobierno nacional y las autoridades locales en Antioquia. Gutiérrez ha sido uno de los críticos más férreos de la gestión de Petro en materia de seguridad, y ahora suma un nuevo frente de confrontación con figuras del Pacto Histórico. Las palabras del alcalde no solo se dirigen a la senadora Zuleta, sino que ponen bajo la lupa todo el proceso que se adelanta desde la mesa de paz con voceros de las cárceles.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste a un espectáculo político cargado de acusaciones, sin que aún se conozcan pruebas contundentes que confirmen o desvirtúen los señalamientos. La Fiscalía y los órganos de control tendrán ahora la tarea de esclarecer los hechos. En juego no está solo el nombre de una congresista o la palabra de un alcalde: está la credibilidad de un proceso que, por su naturaleza, exige la más alta transparencia y la firmeza del Estado frente al crimen.
