En un ambiente tenso y lleno de cuestionamientos, la asamblea de accionistas de ISA vivió uno de sus momentos más álgidos en lo que va del año. Durante la sesión, no solo se cuestionó la elección de Jorge Carrillo como presidente de la compañía, sino que también surgió una solicitud que removió las bases de la Junta Directiva: la petición de que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fuera removido de su cargo como miembro de la Junta Directiva de ISA por lo que se consideró una “falta de solvencia moral”. La solicitud fue hecha por Julio César Yepes, un accionista minoritario que no escatimó en críticas contra Roa, alegando que su actuación en diferentes frentes no había sido recta ni leal.
Las acusaciones de Yepes fueron contundentes. Afirmó que Roa carecía de la moralidad necesaria para ocupar un cargo tan relevante dentro de la Junta Directiva de ISA, señalando que su historial y sus actitudes anteriores no eran consistentes con los estándares éticos esperados en una entidad de tal magnitud. Las críticas no se limitaron solo a la persona de Roa, sino que también se extendieron a la composición misma de la Junta Directiva, especialmente por la influencia predominante de Ecopetrol en la elección de sus miembros. La gran mayoría de los integrantes de la Junta fueron nominados por la petrolera estatal, lo que generó aún más desconfianza en algunos sectores.
Entre los puntos más polémicos estuvo la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA. La elección fue calificada por algunos como poco adecuada, principalmente por la falta de experiencia de Carrillo en áreas cruciales como la regulación tarifaria, los mercados de capitales y la gestión de relaciones con inversionistas. Incluso, se cuestionó su historial laboral y la veracidad de su currículum. Se señaló que Carrillo había declarado en su hoja de vida que prestó servicios a la sociedad Profesionales en Inversión desde 2009, sin embargo, la sociedad en cuestión fue fundada en agosto de ese mismo año, lo que llevó a muchos a dudar de la veracidad de sus declaraciones.
Este tipo de críticas ha generado un ambiente de desconfianza, especialmente entre los accionistas minoritarios, que han manifestado su malestar por la falta de transparencia en el proceso de selección de los miembros de la Junta Directiva. La situación se complicó aún más cuando los fondos de pensiones, que representan una parte significativa de los accionistas, se pronunciaron en contra de la plancha presentada. Dos representantes de estos fondos manifestaron su inconformidad, e incluso uno de ellos se abstuvo de dar su apoyo a la propuesta. Esto dejó claro que la situación en ISA no solo involucra a los directivos y accionistas, sino que también afecta a importantes actores institucionales.
La crítica al proceso de selección de los miembros de la Junta Directiva de ISA no solo se limita a la falta de experiencia o a la presencia de figuras cuestionadas como Roa. Los accionistas minoritarios también han señalado la falta de representatividad en la Junta, que, según ellos, refleja más los intereses de Ecopetrol que una verdadera representación de los intereses de todos los accionistas. En este contexto, la pregunta sobre la independencia de la Junta y su capacidad para tomar decisiones imparciales se ha vuelto central.
Además, el papel de Ecopetrol como actor dominante en la elección de la nueva Junta Directiva de ISA ha sido un tema recurrente de discusión. Si bien es cierto que la petrolera es uno de los principales accionistas de ISA, muchos consideran que esta concentración de poder podría estar afectando la toma de decisiones en beneficio de la empresa y no de los intereses de los accionistas en general. Este tipo de concentración de poder en manos de una sola entidad genera dudas sobre el funcionamiento y la transparencia de los procesos internos de la compañía.
En medio de estas tensiones, la solicitud de remover a Ricardo Roa de la Junta Directiva de ISA ha tomado fuerza, y aunque esta no es una petición oficial aún, las críticas podrían desencadenar una serie de cambios dentro de la estructura de poder de la empresa. Las implicaciones de este conflicto son profundas, pues tocan los cimientos de cómo se toman las decisiones en una de las empresas más importantes del país. Si bien la situación parece ser un choque de intereses entre actores privados y públicos, la respuesta a estas críticas será clave para el futuro de ISA.
La transparencia y la capacidad de tomar decisiones de manera ética y profesional serán los aspectos que definirán el rumbo de ISA en los próximos años. Mientras tanto, la tensión entre los miembros de la Junta Directiva y los accionistas minoritarios, sumada a la creciente preocupación por la influencia de Ecopetrol, pone en evidencia la necesidad urgente de reformar los procesos internos de selección y de garantizar una mayor independencia en la toma de decisiones. En el ojo de la tormenta, está en juego no solo la imagen de la Junta Directiva, sino también la confianza de los inversionistas y la estabilidad de ISA como una de las empresas más importantes de Colombia.
