Hidroituango frente a dos decisiones judiciales

Por: Guillermo Mejía Mejía

La conformación y desarrollo de una mesa técnica, ordenada por el Juez 75 Penal de Garantías de Bogotá y la providencia, de segunda instancia, del Tribunal Superior de Medellín, tienen en calzas prietas la construcción de la hidroeléctrica de Ituango. Una apretada síntesis de estas dos decisiones judiciales sería la siguiente:

LA DECISIÓN DEL JUZGADO PENAL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ.

El Juez 75 Penal de Garantías de Bogotá ordena la conformación y desarrollo de una mesa técnica, integrada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, la ANLA, Empresas Públicas de Medellín (EPM) e Hidroituango, con presencia de víctimas. Esta mesa se conformó dentro de los cinco días hábiles que dio ese juzgado a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Dicho organismo, debe realizar todas las acciones pertinentes de índole administrativa y técnica, en aras a obtener un estudio  con expertos en la materia , con el fin de analizar la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto hídrico, así como la estabilidad del mismo, con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo, hasta tanto se obtengan con claridad los conceptos técnicos para lo cual se deberá cumplir con la entrega de informes parciales, como mínimo cada 10 días, sin que se llegue a superar el término de 60 días hábiles para ejecución de la orden.

Esta mesa técnica se está reuniendo en Bogotá y no en Antioquia, como debiera ser lo lógico, porque el proyecto se construye en esta entidad territorial.

UN TÉRMINO ANGUSTIOSO:

Esta es la parte más complicada del cumplimiento de esta medida, dentro del proceso penal que se adelanta en ese Juzgado, por lo angustioso del término de 60 días hábiles para rendir un concepto, y porque existen criterios encontrados, desde el punto de vista geológico, ambiental y social, sobre los cuales va a ser muy difícil poner de acuerdo a los expertos. Este concepto es el que va a decidir si el proyecto continua o se suspende, según lo dice el Juzgado Penal.

Lo abrumador del futuro del proyecto es que está prácticamente en manos de un juez penal que va a tomar su decisión basado en  varios conceptos técnicos, la mayoría de ellos que se han pronunciado mostrando las fallas geológicas, como la del Guásimo, por el ingeniero geólogo José Hilario López y las de las fracturas de la roca de la montaña, por el también geólogo, Osvaldo Ordóñez, aparte de los errores de construcción revelados por el Gobernador y por el estudio de Skava, además de los conflictos sociales denunciados por el movimiento Ríos Vivos, frente a otros, como EPM, entre ellos, que dicen que el proyecto debe continuar y que ya, terminada la presa, los peligros se disiparon.

No se dice en la decisión judicial cómo se va a garantizar a las víctimas la protección de los derechos a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente con ocasión del estado actual de calamidad publica decretado por la gobernación de Antioquia.

Las deliberaciones de estos comités deben ser ante la prensa nacional e internacional. No se aclara si se debe hacer por invitación previa o puede participar cualquier medio de comunicación.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

En la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, se ordena que con el propósito de que se asegure la efectiva protección, recuperación y conservación del rio, el  representante del Gobierno, que debe ser designado por el Presidente de la República, y un representante de las comunidades y personas que estuvieron presentes en la audiencia de vigilancia preventiva del proyecto Hidroeléctrico Ituango, realizada el 27 de febrero de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, diseñarán y conformarán, dentro de los (3) meses siguientes a la notificación de la providencia, una comisión de guardianes del rio Cauca integrada por los dos  designados (Gobierno Nacional y representante de los participantes del Paraninfo, ya designado, señor Fabio Muñoz, agricultor agroecológico de la vereda Orejón del municipio de Briceño) y un equipo asesor en el que estará el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia, sin perjuicio de que formen parte de dicho equipo y/o reciban acompañamiento de cualquier entidad publica o privada, universidades (regionales y nacionales), centros académicos en investigación en recursos naturales y organizaciones ambientales, nacionales e internacionales, comunitarias y de la sociedad civil que deseen vincularse al proyecto de protección del rio.

En las dos providencias el organismo coordinador es la Procuraduría General de la Nación.

LA PARTE MÁS DIFÍCIL.

Es imposible que una comisión integrada por varias instituciones conservacionistas y ecologistas concluyan que el impacto del proyecto sobre el rio Cauca, sus afluentes y las comunidades afectadas es MÍNIMO. Con absoluta seguridad va a haber unas conclusiones dramáticas sobre los efectos negativos que el proyecto ya presenta por el impacto sobre las pesca, la minería, el difícil buchón, los daños ocasionados por la inundación del 2018, el comercio del Bajo Cauca, el desplazamiento de familias enteras en las poblaciones aguas abajo, entre otros desastres. La orden de recuperar el rio dada por el Tribunal Superior de Medellín no especifica el cómo se debe emprender esta tarea y si ella implica regresar el rio a su cauce normal y vaciar la represa. Porque de lo contrario sin vaciar la presa, el rio no se recupera.

La providencia del Tribunal Superior de Medellín, según reza la sentencia, tiene el efecto inter comunis que significa que, aunque la tutela solo tiene efecto inter-partes, en este caso sus consecuencias se extienden a todas las comunidades afectadas así no hayan participado en la acción de tutela.

IN DUBIIS, ABSTINE.

Lo más seguro es que al Juez Penal de Bogotá y al Tribunal Superior de Medellín, no le llegarán conceptos unificados desde el punto de vista ambiental, geológico y social en lo que se refiere a los impactos que la Hidroeléctrica está causando y por lo tanto estos dos despachos judiciales se van a enfrentar a un dilema, bien complicado, y es que de todas maneras quedarán dudas muy serias, difíciles de disipar, sobre la conveniencia o no de continuar la obra.

Los jueces pueden aplicar, en sus sentencias, el aforismo latino in dubiis, abstine: en la duda, abstente.

Medellín, 27 de julio de 2019

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