La expectativa que había en el Oriente antioqueño por la creación de un Área Metropolitana se desvaneció este 27 de octubre, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció, mediante la Resolución 13599, la suspensión de la jornada electoral que estaba prevista para el próximo 9 de noviembre. La razón: el Ministerio de Hacienda no giró los recursos necesarios para garantizar la realización de la consulta popular. La decisión, que cayó como un baldado de agua fría en los municipios convocados, pone en pausa un proceso que había despertado intensos debates sobre desarrollo, autonomía y planificación regional.
De acuerdo con la Registraduría, el proceso electoral no podrá llevarse a cabo por falta de presupuesto. Aunque el Ministerio de Hacienda había aprobado en principio el traslado de los recursos, estos nunca se concretaron, dejando sin piso logístico y financiero la organización de la jornada. En un contexto en el que cada voto cuesta, la institución electoral decidió suspender la convocatoria para evitar incumplimientos legales y administrativos. “No existen las condiciones para garantizar una consulta transparente y eficiente”, precisó el organismo en su resolución.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó con molestia ante la noticia. Según él, el Gobierno Nacional no ha mostrado la misma diligencia para apoyar un proceso ciudadano que sí tuvo para financiar otras consultas políticas. “Mientras en Antioquia garantizamos todas las condiciones para que el pasado fin de semana se realizara sin contratiempos la consulta del Pacto Histórico, ahora nos encontramos con que el Ministerio de Hacienda no traslada los recursos para una iniciativa local y legítima”, cuestionó el mandatario.
La suspensión ha sido interpretada por sectores regionales como un revés al impulso de integración que se venía gestando desde hace años en el Oriente antioqueño. La creación del Área Metropolitana buscaba articular políticas de movilidad, medio ambiente, vivienda y ordenamiento territorial entre ocho municipios con una dinámica económica y social estrechamente interconectada. Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión estaban llamados a decidir si formalizaban una asociación que podría redefinir el desarrollo de toda la subregión.
Para muchos líderes locales, la falta de recursos revela algo más profundo: la ausencia de voluntad política del Gobierno central para apoyar procesos de gobernanza territorial. “No es un simple trámite presupuestal; es un mensaje político”, sostuvo un alcalde del Oriente cercano. En su visión, la consulta no solo buscaba crear un nuevo ente administrativo, sino también fortalecer la voz de una región que ha sido motor económico y ejemplo de planeación, pero que aún siente la distancia del poder nacional.
La decisión también deja en el aire meses de trabajo institucional y social. Desde comienzos de año, las administraciones municipales, los concejos y las organizaciones comunitarias habían adelantado jornadas pedagógicas para explicar el alcance del Área Metropolitana y fomentar la participación. Con la suspensión, todo ese esfuerzo queda en suspenso, a la espera de que el Gobierno Nacional defina si destinará o no los recursos en una nueva fecha. El silencio de Hacienda, hasta ahora, no da señales de reversa.
Más allá de la controversia política, la situación reabre el debate sobre la financiación de los mecanismos de participación ciudadana. En un país que proclama la descentralización, las consultas locales siguen dependiendo de decisiones centralizadas en Bogotá. El presupuesto, una herramienta técnica, se convierte así en un instrumento de poder capaz de acelerar o detener procesos de autonomía territorial.
Por ahora, el sueño de un Área Metropolitana en el Oriente de Antioquia queda aplazado. Los cerca de 500.000 habitantes que esperaban pronunciarse en las urnas deberán esperar una nueva fecha y, quizás, un nuevo contexto político. La resolución de la Registraduría no solo congela un proceso administrativo: también simboliza la fragilidad de los mecanismos de participación cuando dependen más del flujo del dinero que de la voluntad ciudadana. En el corazón del Oriente, la democracia local quedó, por ahora, en pausa.
