A menos de tres semanas para la jornada electoral del 26 de octubre, el Pacto Histórico —coalición política que ha respaldado la agenda de transformación del presidente Gustavo Petro— recibió un golpe jurídico de alto calibre. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la tutela que avala la realización de una consulta interna para escoger su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026. Con la decisión, no solo se desarma la hoja de ruta electoral del petrismo, sino que se reabre el debate sobre la solidez jurídica y política del Pacto como coalición.
La consulta se perfilaba como una suerte de primaria abierta —con un costo proyectado superior a los 193.000 millones de pesos— que serviría para medir fuerzas dentro del petrismo. Allí competirán figuras como Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Más allá de elegir un nombre, la jornada buscaba legitimar una candidatura con músculo popular desde el arranque. Sin embargo, lo que pretendía ser una muestra de cohesión terminó convertido en símbolo de fragilidad institucional.
La raíz del problema está en la falta de personería jurídica plena del Pacto Histórico como una sola fuerza política. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la fusión de algunas colectividades —como el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista—, dejó por fuera a Colombia Humana y Progresistas, los movimientos más cercanos al presidente Petro. Esto, debido a investigaciones aún vigentes por supuestas irregularidades en sus procesos de unificación, lo que desbalanceó la estructura interna de la coalición.
El fallo del Tribunal, en ese sentido, no solo es un golpe legal, sino político. Determinó que la tutela no era el camino adecuado y que, antes de recurrir a mecanismos judiciales de urgencia, el petrismo debía agotar otras instancias. Además, reafirma que la personería jurídica completa del Pacto solo será reconocida una vez terminen los procesos sancionatorios contra Colombia Humana y MAIS. Así, sin unidad legal, no hay piso firme para realizar una consulta interna vinculante.
Lo más preocupante para el círculo cercano del presidente no es solo la pérdida del mecanismo, sino el impacto simbólico. La consulta no solo pretendía designar un candidato, sino también proyectar fuerza territorial. La meta era ambiciosa: movilizar al menos dos millones de personas en una jornada electoral propia, demostrando que el petrismo sigue siendo una fuerza popular capaz de competir de tú a tú en la consulta interpartidista del Frente Amplio prevista para marzo de 2026.
La incertidumbre jurídica, sin embargo, dejó a la coalición en una suerte de limbo. ¿Quién será el candidato presidencial? ¿Cómo se definirá? ¿Habrá un nuevo mecanismo, una convención interna o una designación directa desde la cúpula? Todas esas preguntas comenzaron a circular con fuerza tras el fallo. Lo que está claro es que, sin una ruta clara, se acentúan las tensiones internas entre sectores que quieren mantener la unidad y otros que exigen garantías reales de participación.
Desde el Pacto Histórico, algunos dirigentes han manifestado que no renunciará a la idea de una consulta, aunque ahora reconocen que deberá replantearse completamente. Mientras tanto, figuras como Iván Cepeda y Carolina Corcho han hecho un llamado a la serenidad y a encontrar salidas políticas que no pasen exclusivamente por los tribunales. En paralelo, desde la Casa de Nariño se exploran fórmulas jurídicas que permitan, al menos, un proceso de selección interno que respete las normas vigentes.
Con este revés, el petrismo enfrenta su mayor prueba de cohesión desde que llegó al poder. Si no logra ordenar su casa antes de marzo, no solo perderá protagonismo en la consulta del Frente Amplio, sino que podría fracturarse antes de tiempo. La historia demuestra que las coaliciones exitosas no son solo las que ganan elecciones, sino las que saben reinventarse en medio de la adversidad. El tiempo corre, y el reloj electoral no espera.
