En una decisión que resuena con fuerza en los corredores de la diplomacia hemisférica, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto de apenas 209 millones de dólares para Colombia en el año fiscal 2026. La cifra, que marca una reducción del 50 % con respecto al año anterior, no solo traduce un tijeretazo contable, sino una señal política, clara y contundente, sobre el deterioro en la relación bilateral bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es, en esencia, un ajuste que huele menos a austeridad y más a desconfianza.
Los números lo dicen todo: de los 209 millones aprobados, 103 se destinarán a la lucha contra el narcotráfico, 38 a las Fuerzas Armadas y apenas 67 millones a programas sociales y de desarrollo. Este último rubro, quizás el más simbólico en la narrativa de la «paz total», sufre un recorte del 66 %, lo que en la práctica implica menos recursos para iniciativas que van desde la sustitución de cultivos hasta proyectos de justicia transicional y fortalecimiento institucional. El mensaje: Washington ya no cree en el rumbo que ha tomado el experimento progresista colombiano.
No es un simple desacuerdo técnico. En voz del congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité encargado del presupuesto para operaciones en el extranjero, se desnudan las razones de fondo: “El fracaso del gobierno Petro para prevenir la violencia política, su comportamiento errático y sus relaciones malignas con regímenes autoritarios”, dijo sin matices. Palabras duras, sí, pero que reflejan un malestar latente en sectores del poder estadounidense que ven con recelo el giro internacional de Colombia hacia esferas como Venezuela, Irán o Rusia.
El lenguaje del informe del Comité de Asignaciones raya incluso en lo inédito: advierte sobre “las políticas perjudiciales” del mandatario colombiano y alerta que éstas “contradicen los intereses de seguridad y económicos de EE. UU.”. La tensión, que ha venido acumulándose en sordina con críticas veladas y gestos diplomáticos gélidos, parece ahora haber estallado en el campo más sensible: el financiero. La diplomacia del dólar, que por años sostuvo la relación entre Bogotá y Washington, parece dar un giro drástico frente a un presidente que ha desafiado las reglas no escritas de la cooperación bilateral.
Para Colombia, las implicaciones son múltiples. En lo inmediato, se verá una contracción en el margen operativo de varios programas financiados por Estados Unidos, desde los dirigidos a erradicar cultivos ilícitos hasta los que impulsan la presencia estatal en zonas de posconflicto. Pero más allá del dinero, está el símbolo: el país que por décadas fue el principal aliado de EE. UU. en la región, ahora ve cómo se desinfla su protagonismo geopolítico. Petro, que ha insistido en una política exterior soberana y sur-sur, cosecha hoy los efectos de su distanciamiento.
Las voces en Colombia, como era de esperarse, se dividen. Desde sectores cercanos al petrismo se habla de una “presión ideológica” y de una maniobra política interna de los republicanos en año electoral. Pero en la oposición, y especialmente en círculos empresariales y de seguridad, el recorte se lee como un campanazo de alerta: no es sostenible un modelo de gobierno que rompa con todos los pactos sin asumir las consecuencias. Washington está marcando la cancha, y lo hace con una regla sencilla: menos alineación, menos apoyo.
Queda en el aire una pregunta que solo el tiempo podrá responder: ¿tiene Colombia hoy la capacidad —fiscal, política y diplomática— para suplir la ayuda que se retira? En un país donde las promesas sociales se multiplican y el recaudo no da abasto, cada millón cuenta. Y este recorte, más que un castigo, parece una parte de la realidad. Estados Unidos no ha abandonado a Colombia, pero le ha recordado, sin eufemismos, que la confianza también se financia.
