El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego enfrenta un revés significativo tras el fallo de la Corte Constitucional que rechazó el recurso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para modular la sentencia que eliminó la deducción del impuesto de las regalías petroleras. La Corte argumentó que en ningún momento se pueden menoscabar los derechos fundamentales, obligando así al gobierno a devolver $3.4 billones recaudados por este concepto.
El fallo ha generado una crisis en el gobierno, que esperaba recaudar $7 billones con este impuesto. El presidente Petro, visiblemente molesto, declaró que la decisión de la Corte se traduce en un regalo de las regalías a las multinacionales del carbón.
A pesar del impacto de la decisión, la Corte Constitucional indicó que aún cabe el recurso de insistencia, dejando una pequeña ventana abierta para que el gobierno pueda intentar revertir la situación.
Este fallo se suma a los desafíos financieros que enfrenta el gobierno, complicando aún más su capacidad para financiar sus programas y proyectos. La devolución de los $3.4 billones representa un golpe duro para las arcas del Estado, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la implementación de las políticas gubernamentales.
La situación ha generado preocupación en diferentes sectores del país, que esperan una pronta y efectiva respuesta del gobierno para mitigar los efectos de esta decisión judicial y asegurar la sostenibilidad económica del país.
