En medio de la temporada de fin de año, el Gobierno de Gustavo Petro adjudicó un contrato por más de 10.000 millones de pesos a través de Colombia Compra Eficiente para la adquisición de más de 9.000 chalecos balísticos nivel IIIA destinados a la Policía Nacional. La transacción, sin embargo, ha generado controversia debido a que la empresa seleccionada, Inducon S.A.S., no cuenta con la certificación del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de Estados Unidos, un estándar mundial para productos de blindaje.
El pasado 12 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado señalando que el modelo SUPER 8 de Inducon fue suspendido de la lista de productos que cumplen con las normas NIJ. Esta certificación es clave, ya que garantiza la efectividad de los chalecos frente a diferentes tipos de municiones. Según el documento oficial, la suspensión se mantendrá mientras se lleva a cabo una evaluación adicional para determinar si el modelo cumple con los estándares internacionales.
El contrato, que asciende a $10.378 millones, establece que los chalecos deberán ser entregados a la Policía el próximo 31 de diciembre. No obstante, expertos del sector han expresado preocupación por la idoneidad de los equipos y han señalado un posible direccionamiento en la contratación, lo que ha llevado a varios organismos de control a iniciar investigaciones preliminares.
La Agencia Nacional de Contratación Pública informó que en abril de este año se actualizó la Norma Técnica del Ministerio de Defensa para la adquisición de chalecos balísticos, lo que habría facilitado el proceso de contratación con Inducon. Sin embargo, esta actualización ha sido cuestionada por actores del sector, quienes consideran que podría haber beneficiado a la empresa pese a las advertencias internacionales sobre su producto.
A medida que se acerca la fecha de entrega de los chalecos, surgen dudas sobre la transparencia del proceso y la seguridad de los uniformados que utilizarán estos equipos. Este episodio plantea interrogantes sobre la prioridad del gobierno en garantizar la calidad y confiabilidad de los materiales adquiridos, especialmente en contratos que involucran recursos millonarios y afectan directamente la seguridad nacional.
