El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó el recorte definitivo de 28,4 billones de pesos en el presupuesto general de la nación para 2024, una medida adoptada para cumplir con la regla fiscal. Aunque inicialmente se había anunciado un ajuste de 33 billones, el monto final fue menor, distribuyéndose en 18,3 billones en gastos de funcionamiento y 11,1 billones en inversiones. Según Bonilla, esta decisión busca garantizar el equilibrio financiero del país en medio de restricciones económicas.
«El ajuste era ineludible para mantener la regla fiscal», señaló el ministro, destacando que esta política es clave para preservar la confianza de los mercados internacionales y la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, el recorte afectará sectores estratégicos, especialmente en inversión, generando preocupaciones sobre el impacto en proyectos de infraestructura, educación y desarrollo social, que podrían enfrentar demoras o incluso cancelaciones.
La decisión ha suscitado reacciones diversas en el ámbito político y económico. Mientras algunos consideran que el recorte era una medida responsable para evitar un déficit mayor, otros critican que los ajustes puedan limitar la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento y atender necesidades sociales. En cualquier caso, el recorte abre un debate sobre las prioridades presupuestales del Gobierno y los desafíos económicos que enfrenta Colombia en el corto y mediano plazo.
