En una decisión que sacude las bases del mercado energético colombiano, Ecopetrol ha incrementado en un 34% el precio del gas natural proyectado para 2026 y renovado apenas el 30% de los contratos que vencen este año. El efecto inmediato de esta jugada —según advierten voces expertas del sector— no será menor: un inminente desabastecimiento de oferta nacional, mayor dependencia del gas importado, y tarifas que podrían dispararse hasta en un 45% en ciudades del interior. Todo mientras, desde la Casa de Nariño, se continúa señalando a agentes privados y a la CREG como los únicos responsables del alza en los precios del servicio.
Durante la última semana de junio, Ecopetrol adelantó una ronda de ventas de gas a largo plazo destinada a usuarios residenciales y pequeños comercios. El resultado fue, para muchos analistas, desconcertante: la petrolera estatal fijó el nuevo precio en US$9,8 por millón de BTU, cuando hasta ahora el estándar era de US$7,3. Un salto que no solo representa una ruptura con la política de precios anteriores, sino que deja entrever la presión creciente sobre los recursos disponibles del subsuelo nacional.
Lo más delicado, sin embargo, no es solo el precio. En esa misma ronda de ventas, Ecopetrol adjudicó apenas 50 GBTUD, menos de un tercio de los 180 GBTUD que vencen el 30 de noviembre de 2025. La causa de esta restricción, explican fuentes del sector, radica en la declinación natural de los campos del Piedemonte Llanero —uno de los pilares de la oferta nacional— y en la suspensión de proyectos no convencionales en zonas como el Magdalena Medio, decisión adoptada por el propio Gobierno Nacional bajo una lógica de transición energética acelerada.
Así, el país se encamina hacia una tormenta perfecta: menos producción nacional, más dependencia del gas importado —cuyo precio es más volátil y atado al dólar— y un incremento sostenido de las tarifas para el consumidor final. En este contexto, las advertencias sobre un déficit de hasta el 20% en la oferta de gas para 2026 ya no suenan como pronósticos alarmistas, sino como escenarios posibles. Para los hogares del interior del país, esto se traducirá en recibos más altos, y para el sector industrial, en costos operativos crecientes que pueden ralentizar la actividad económica.
La paradoja resulta inquietante: mientras el discurso oficial defiende la transición energética como un mandato ético y ambiental, las decisiones técnicas revelan un repliegue en la oferta sin una estructura alternativa sólida. Se desmontan fuentes de gas sin garantizar reemplazos reales, y se encarecen los precios sin prever los impactos sociales que esto acarreará. Todo esto mientras el Gobierno señala a terceros y evita asumir el costo político de sus propias decisiones.
Las críticas no se han hecho esperar. Expertos en política energética advierten que el país está pagando hoy el precio de no haber diversificado a tiempo su matriz energética ni de haber trazado una hoja de ruta clara para el gas como energía de transición. A eso se suma una creciente incertidumbre regulatoria y una pérdida de confianza por parte de los inversionistas en exploración y producción, que ven cómo se les cierran las puertas sin que se les ofrezcan alternativas viables.
Colombia, entonces, se encuentra ante una encrucijada: ¿prioriza la estabilidad energética de corto y mediano plazo o se lanza al vacío en nombre de una transición sin base firme? Lo cierto es que las decisiones tomadas por Ecopetrol no son solo una señal al mercado: son un campanazo de alerta a un país que podría encontrarse, en menos de un año, enfrentando una crisis de gas de dimensiones estructurales. Mientras tanto, las tarifas seguirán subiendo, y el ciudadano de a pie volverá a cargar con las consecuencias de una planificación energética que parece improvisada.
