El reciente anuncio de la Presidencia de la República sobre la postulación de Francisco Melo Rodríguez para ocupar nuevamente el cargo de superintendente delegado para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha encendido una fuerte polémica en círculos políticos, jurídicos y empresariales. No solo se trata de un regreso a una posición clave dentro del ecosistema regulatorio del país, sino de una designación que se produce mientras pesa sobre el funcionario un pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, por su participación en controvertidas visitas a entidades del Estado.
Según información oficial, Melo Rodríguez fue vinculado a las visitas administrativas de inspección que la SIC adelantó en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de investigaciones sensibles relacionadas con la libre competencia y la contratación pública. En el caso de la Registraduría, las acciones se enfocaron en el millonario contrato con la firma Thomas Greg & Sons, el cual ha estado bajo la lupa por presuntas irregularidades. La Procuraduría ha calificado su conducta como una “falta grave cometida a título de dolo”, y ha iniciado un proceso disciplinario en su contra y contra otros 14 funcionarios.
Lo que agrava la controversia no es solo el contenido de las investigaciones, sino el momento y la naturaleza del cargo para el cual ha sido postulado. Desde la superintendencia delegada, Melo tendría que decidir sobre casos que involucran intereses empresariales de gran calado, como la potencial integración de Tigo-UNE y Movistar, una operación que podría redibujar el mapa de las telecomunicaciones en Colombia. Además, la SIC sigue examinando las condiciones de competencia en contratos estatales de altísimo perfil, como los que rodean a la Registraduría, precisamente el terreno que hoy lo tiene en entredicho.
Desde diversos sectores han surgido voces de alarma. ¿Puede un funcionario con un proceso disciplinario en curso —y por hechos ocurridos en el ejercicio del mismo rol que ahora se le encomienda— garantizar la imparcialidad y transparencia necesarias en decisiones tan delicadas? ¿Cuál es el mensaje institucional que envía el Gobierno al respaldar esta designación, justo cuando el país exige mayor vigilancia sobre los conflictos de interés y los abusos de poder?
La Presidencia, hasta el momento, no ha ofrecido una explicación pública frente a la publicación de la hoja de vida de Melo Rodríguez, ni ha aclarado si el proceso en la Procuraduría será tenido en cuenta como un impedimento para su posesión. Por lo pronto, la sombra de ese pliego de cargos acompaña cada línea de su hoja de vida, y amenaza con politizar una función que debería estar regida exclusivamente por criterios técnicos y jurídicos.
Este episodio revive el debate sobre la necesidad de blindar los nombramientos de alto nivel dentro del Estado de cualquier señal de conflicto ético. La SIC, entidad clave para garantizar un mercado libre de prácticas anticompetitivas, no puede permitirse dudas sobre la probidad de quienes la dirigen. Más aún cuando las investigaciones tocan las fibras más sensibles de la relación entre política, contratación pública y poder empresarial.
Francisco Melo Rodríguez puede conocer a fondo los mecanismos internos de la SIC y tener experiencia en el campo, pero el peso de un proceso disciplinario en curso lo convierte, al menos por ahora, en una figura cuestionada. La legitimidad de sus decisiones futuras dependerá, en gran medida, de la resolución de su situación jurídica. Hasta entonces, su eventual nombramiento quedará marcado por la tensión entre lo técnico y lo político, entre la idoneidad y la prudencia.
