La Fiscalía General elevó el nivel de presión judicial en contra de Nicolás Petro al solicitar formalmente su detención en un centro carcelario. Durante una audiencia en Barranquilla, la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde sostuvo que las actuaciones del exdiputado revelan una supuesta intervención directa en la manipulación de procesos contractuales y el acceso indebido a información reservada. El proceso avanza en uno de los dos juicios que actualmente enfrenta el hijo del presidente, quien la semana pasada negó categóricamente todos los cargos formulados.
De acuerdo con los planteamientos de la Fiscalía, Petro habría influido de manera irregular en la adjudicación de dos contratos públicos que superan los $970 millones, direccionando los mismos hacia la Fundación FUCOSO. Aunque sus funciones como diputado no le permitían intervenir formalmente en la contratación, la Fiscalía afirma que su peso político —resultado de su destacada votación en las elecciones regionales— habría sido decisivo para incidir en decisiones administrativas de la Gobernación del Atlántico.
La solicitud de medida de aseguramiento estuvo acompañada de señalamientos sobre presuntas inconsistencias en los documentos personales del exdiputado, entre ellos su hoja de vida y su declaración de renta. Estos elementos, según la fiscal Laborde, demuestran un patrón de irregularidades que justificaría la necesidad de una detención intramural para garantizar el normal avance del proceso judicial y evitar posibles obstrucciones.
Durante su intervención, Laborde reiteró que las actuaciones investigadas no fueron aisladas, sino que habrían operado dentro de una estructura coordinada. La fiscal afirmó que Nicolás Petro habría delegado en su entonces esposa, Day Vásquez, la labor de establecer contactos y ajustar las condiciones contractuales entre los actores institucionales y la fundación beneficiada, todo —según su tesis— bajo conocimiento, dirección y beneficio económico del procesado. Incluso señaló que estas dinámicas habrían involucrado intereses compartidos con la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, describiendo la situación como un entramado “de doble vía” con beneficios para todos los participantes.
Finalmente, la Fiscalía insistió en que el hijo del presidente habría actuado con plena conciencia y voluntad en la ejecución de las conductas investigadas, lo que refuerza la solicitud de detención preventiva conforme al Código de Procedimiento Penal. Mientras este proceso avanza, Nicolás Petro deberá enfrentar paralelamente otro juicio, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ampliando así el panorama judicial que se cierne sobre él.
