Un viejo cable de transmisión que yace inactivo desde 2014 se ha convertido en el nuevo epicentro de una tormenta política y empresarial. El Gobierno del presidente Gustavo Petro pretende reactivar la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, un proyecto que, en el papel, busca impulsar la integración energética regional, pero que en la práctica tiene en vilo a una filial de EPM y a buena parte del sector eléctrico nacional. El temor no es menor: que las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro terminan salpicando a las empresas colombianas que participen en la iniciativa.
La alarma se encendió en Cens (Centrales Eléctricas del Norte de Santander), filial del grupo EPM y pieza clave en el funcionamiento de la línea de transmisión que conecta a ambos países. De concretarse la propuesta del Gobierno, Cens tendría que intervenir directamente en la comercialización de energía con Venezuela, un negocio que —según fuentes del sector— podría acarrear sanciones financieras y restricciones comerciales de Estados Unidos, país que mantiene un férreo bloqueo sobre las transacciones vinculadas al régimen chavista. En un entorno global cada vez más vigilado, el riesgo jurídico y reputacional no es un detalle menor.
Pese a las advertencias, el Ministerio de Minas y Energía ha avanzado con decisión en la idea de revivir la interconexión. Desde enero, la cartera viene adelantando mesas técnicas y estudios de factibilidad con la participación de la estatal Corpoelec, su homóloga venezolana. Los documentos preliminares apuntan a que el intercambio energético se concentraría en la frontera del Catatumbo, zona históricamente afectada por la violencia y el contrabando de combustibles. El anuncio ha generado una mezcla de expectativa y escepticismo: algunos ven en la iniciativa una oportunidad de desarrollo; otros, un salto al vacío diplomático.
En los pasillos de EPM la preocupación es evidente. Fuentes internas confirmaron que Cens ha evaluado incluso vender su participación en la línea de transmisión internacional para evitar verse arrastrada por un proyecto que consideran de alto riesgo. “No podemos exponer el patrimonio público ni el nombre del grupo a sanciones internacionales”, expresó un directivo bajo reserva. La discusión no es solo técnica, sino ética: ¿hasta dónde debe llegar una empresa pública cuando los intereses políticos superan los límites regulatorios?
A la complejidad del tema se sumó un ingrediente explosivo: recientes investigaciones periodísticas revelaron la existencia de un entramado societario en el que figuran empresarios extranjeros con antecedentes de corrupción. Entre ellos, un empresario español que habría tenido nexos con proyectos cuestionados en su país y que, según los reportes, estaría actuando como intermediario en las conversaciones con Caracas. Detrás de las negociaciones, aparecen también abogados y consultores cercanos al alto gobierno, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso.
El gremio energético ha hecho un llamado a la prudencia. Expertos consultados coinciden en que la interconexión con Venezuela podría representar un riesgo de “contagio financiero”, en la medida en que cualquier operación con entidades sancionadas puede bloquear el acceso al sistema bancario internacional. Además, advierten que la red eléctrica de Venezuela se encuentra en condiciones precarias y que el suministro del país vecino difícilmente podría garantizar estabilidad o rentabilidad para Colombia. En palabras de un ex viceministro del ramo, “más que integración, esto parece una apuesta geopolítica disfrazada de cooperación técnica”.
Desde el Gobierno, la narrativa es otra. El presidente Petro ha defendido la idea de “reconstruir los lazos energéticos con los pueblos hermanos” y de consolidar una soberanía energética regional. Sin embargo, el discurso de integración choca con la realidad de los mercados y con los compromisos internacionales de Colombia. En un mundo globalizado, cada kilovatio exportado o importado puede tener implicaciones diplomáticas y económicas de gran calado.
Por ahora, el proyecto avanza entre sombras y tensiones. Mientras el Ministerio de Minas insiste en su viabilidad, Cens busca la forma de salir ilesa de un negocio que considera una trampa. En Antioquia, la preocupación es que una decisión tomada en Bogotá termine costando caro a una de las joyas más valiosas del patrimonio público paisa. En Caracas, en cambio, el plan se celebra como una victoria simbólica. En la frontera, entre cables oxidados y torres de alta tensión cubiertas de maleza, el futuro de la interconexión pende de un hilo tan delgado como el de la política.
