El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió un nuevo debate nacional al reclamar públicamente una deuda de $4,4 billones que, según él, el Gobierno Nacional le debe a Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez sostiene que parte de estos recursos corresponden a subsidios de energía para los estratos más bajos y que el retraso en los pagos podría desencadenar una crisis energética de alcance nacional. En respuesta, el presidente Gustavo Petro negó que la Nación sea titular de dicha deuda y atribuyó el problema a decisiones tomadas en gobiernos anteriores.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro recordó que la opción tarifaria, mencionada como parte del problema, fue creada durante el mandato del expresidente Iván Duque. “La Nación no es titular de esa deuda”, afirmó Petro, refiriéndose a los recursos que EPM debería recibir por los subsidios de energía. El presidente buscó desmarcarse de la responsabilidad financiera, dejando en evidencia la tensión entre el Gobierno central y la administración local de Medellín.
Federico Gutiérrez, por su parte, insistió en la gravedad de la situación. Durante una entrevista con Blu Radio, el alcalde afirmó que la deuda acumulada por subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3 asciende a $2,1 billones desde el año pasado. Señaló como ejemplo de las consecuencias de este impasse el apagón ocurrido el 2 de enero en Puerto Carreño, Vichada, donde la falta de pago de subsidios dejó sin luz a miles de personas. “Si no se actúa pronto, esta crisis podría extenderse a otras regiones del país”, advirtió.
El sector energético también ha alzado la voz. Representantes de comercializadoras de energía enviaron un comunicado al Gobierno solicitando el pago inmediato de los subsidios pendientes. Según estas empresas, el 80% de estos subsidios debe ser asumido por el Estado, mientras que el 20% restante corresponde a los estratos más altos de la población. La incertidumbre sobre el cumplimiento de estos pagos está generando un ambiente de preocupación en el sector, que ya enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera.
El debate entre Fico y Petro no solo expone diferencias políticas, sino que también pone de manifiesto una problemática estructural en el sistema de subsidios de energía en Colombia. Mientras el Gobierno y la administración de Medellín se culpan mutuamente, millones de colombianos de los estratos más vulnerables podrían enfrentar las consecuencias de este enfrentamiento. El llamado urgente es a buscar soluciones coordinadas que eviten una posible crisis energética que afecte aún más a la población y a la estabilidad del sector.
