En una decisión que marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, el gobierno de Estados Unidos anunció la revocación inmediata de visas para ciudadanos de Sudán del Sur, como medida de presión frente a la negativa de ese país de aceptar el retorno de sus ciudadanos deportados. La noticia fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió que la suspensión del visado tendrá efecto inmediato y se mantendrá vigente hasta que el gobierno sursudanés colabore plenamente en los procesos de repatriación.
La medida, que ha causado conmoción en círculos diplomáticos y de derechos humanos, responde a lo que Washington califica como una “falta sistemática de cooperación” por parte de Yuba en los vuelos de deportación de nacionales en condición migratoria irregular. Según el Departamento de Estado, el gobierno de transición sursudanés no ha cumplido con su deber de recibir a sus propios ciudadanos, incluso luego de haber agotado los canales legales y diplomáticos disponibles.
Este tipo de sanciones migratorias no es nueva en la historia de Estados Unidos, aunque sí infrecuente. Ya en administraciones anteriores, como la de Donald Trump, se aplicaron restricciones similares a países que se mostraron reacios a colaborar en temas migratorios. No obstante, la contundencia del anuncio actual y su carácter inmediato han generado críticas, especialmente por la falta de diálogo previo con organismos internacionales y humanitarios.
“La política migratoria de Estados Unidos está anclada en la reciprocidad. Si un país se niega a recibir a sus ciudadanos repatriados, no puede esperar mantener privilegios migratorios con nuestra nación”, señaló Rubio en una declaración difundida también en redes sociales. Además, reafirmó que la medida busca garantizar el respeto al orden legal y migratorio del país norteamericano.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han levantado su voz de alarma, señalando que sancionar a toda una población por las decisiones de su gobierno puede profundizar la vulnerabilidad de miles de personas, muchas de las cuales residen legalmente en Estados Unidos o están en procesos de solicitud de asilo. “Las sanciones deben apuntar a los responsables políticos, no a los ciudadanos”, señaló un vocero de Human Rights Watch.
Por su parte, el gobierno de Sudán del Sur no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes diplomáticas en África han revelado que las autoridades de ese país consideran la medida como “excesiva” y “unilateral”. Cabe recordar que Sudán del Sur, uno de los países más jóvenes del mundo, atraviesa desde hace años una situación política y humanitaria compleja, con conflictos internos y crisis económicas que dificultan su operatividad institucional.
En Estados Unidos, la comunidad sursudanesa —si bien pequeña en comparación con otras diásporas— ha expresado preocupación y temor ante el posible impacto de la medida. Muchos temen que las restricciones terminen afectando no solo a los migrantes irregulares, sino también a estudiantes, trabajadores legales y familias que han hecho su vida en el país norteamericano.
Con este movimiento, la administración estadounidense reafirma una línea dura en materia migratoria, exigiendo corresponsabilidad a los países de origen de los deportados. Lo cierto es que esta nueva tensión diplomática pone en evidencia la compleja red de intereses, principios y desafíos que hoy rodean a la movilidad humana en un mundo marcado por las fronteras, pero también por la interdependencia.
