Una marea oscura sube por los pasillos de Ecopetrol, la empresa insignia del Estado colombiano, y amenaza con desbordarse en los salones del poder. Una investigación periodística de Semana y Blu Radio ha destapado un entramado de espionaje interno que sacude a la junta directiva de la petrolera, compromete la figura del presidente Ricardo Roa y lanza una sombra inquietante sobre la Casa de Nariño. Lo que comenzó como una sospecha de filtraciones internas terminó en una operación silenciosa de interceptaciones masivas.
De acuerdo con documentos confidenciales, Roa habría ordenado una investigación para identificar al “topo” que filtraba información delicada a los medios. Pero la cacería tomó un rumbo que roza lo ilegal y lo éticamente intolerable: al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluidos ejecutivos de filiales como Hocol y Cenit, fueron objeto de seguimientos, revisiones de correos electrónicos, extracción de datos de sus dispositivos y acceso a documentación personal y profesional.
El mecanismo para ejecutar esta operación no fue menor. Un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP fue el caballo de Troya con el que se introdujo la estrategia. Oficialmente, el documento tenía como fin medir el impacto reputacional de los escándalos que ya salpicaba a Roa en los mercados internacionales. Sin embargo, lo que se consolidó fue una maniobra para retener y analizar información confidencial de los propios ejecutivos de la compañía.
El detalle más perturbador del contrato es una cláusula de confidencialidad que prohibía divulgar su existencia sin autorización directa del director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara Monterrosa. Este firmó un otrosí el 26 de diciembre, en plenas festividades decembrinas, aprovechando la quietud institucional de la temporada para sellar un pacto de silencio. La estrategia, más propia de una novela de espionaje que de una empresa pública, dejó sin protección a quienes confiaban en los protocolos internos de la organización.
La situación escaló cuando uno de los altos funcionarios afectados presentó su renuncia de manera explosiva, revelando detalles de lo que llamó una “persecución interna sin precedentes”. Este gesto fue la chispa que encendió la mecha del escándalo, precipitando una reacción en cadena que hoy tiene a Ecopetrol en el ojo del huracán político y mediático. La empresa, que siempre se ha presentado como ejemplo de transparencia y buen gobierno, enfrenta ahora una crisis de confianza profunda.
Aunque desde la Casa de Nariño se ha intentado mantener distancia del escándalo, las conexiones entre Roa y el entorno presidencial han avivado suspicacias. La cercanía del presidente de Ecopetrol con el círculo de poder, sumada a la aparente omisión de controles institucionales, plantea preguntas incómodas sobre el grado de conocimiento que tenía el Gobierno de estas prácticas. ¿Fue este espionaje un acto aislado o parte de una lógica más amplia de control y vigilancia?
Mientras tanto, el país asiste a un nuevo episodio de opacidad en el manejo de lo público. La Fiscalía y los entes de control ya han anunciado investigaciones, pero la ciudadanía exige respuestas más allá del ritual burocrático. El caso Roa no solo pone en jaque la credibilidad de Ecopetrol: reabre el debate sobre los límites del poder, el respeto por los derechos fundamentales y la fragilidad de nuestras instituciones frente a la ambición.
