La audiencia que debía limitarse a definir si tres capturados por corrupción seguirán en libertad o serán enviados a prisión preventiva terminó por destapar un escándalo mucho mayor: un conjunto de audios y correos electrónicos comprometían directamente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en una presunta trama de desvío de dineros públicos. La diligencia, celebrada en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de Medellín, dejó al descubierto la presunta participación de una red criminal con tentáculos dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
La juez Séptima Penal Municipal con funciones de control de garantías suspendió la audiencia tras escuchar una extensa exposición del material probatorio aportado por la Fiscalía y los abogados de las víctimas. Durante más de cuatro horas se detalló cómo operaba, presuntamente, un entramado de contratos amañados, sobrecostos y favores burocráticos que, según el ente acusador, tuvo como objetivo apropiarse de millonarios recursos públicos bajo la fachada de convenios interadministrativos.
Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió cuando la Fiscalía reveló un correo electrónico hasta ahora inédito, en el cual se menciona directamente a Miguel Quintero como parte de las gestiones que habrían facilitado la asignación irregular de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Aunque el exalcalde Daniel Quintero no ha sido formalmente vinculado al proceso, este nuevo hallazgo reaviva dudas sobre los vínculos entre su administración y actores cuestionados del escenario público local.
Los acusados principales son Misael Cadavid, representante legal del cuerpo de bomberos de Itagüí; Elkin González, exjefe de la misma entidad, y María Yanet Rúa, profesional adscrita al AMVA. A los tres se les señala de haber sido piezas clave en una estructura que adjudicó recursos sin los debidos controles, en lo que la Fiscalía denominó una «operación de captura del Estado a pequeña escala, pero de altísimo impacto».
Más allá de los audios y correos, la audiencia expuso una serie de contratos con indicios de falsedad, interventorías inexistentes y hasta posibles testaferros. Según los fiscales del caso, parte del dinero público destinado a la gestión de riesgo y fortalecimiento del sistema de emergencias terminó en bolsillos particulares a través de intermediarios, cuentas de terceros y empresas fachadas. El proceso apunta a una red más compleja de lo que inicialmente se pensaba.
El abogado representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó que los tres procesados permanezcan detenidos mientras se desarrolla el juicio, argumentando que existe riesgo de obstrucción a la justicia y posible fuga. También anunció que tiene en su poder más material probatorio —incluyendo grabaciones y nuevas declaraciones— que ampliará el alcance del caso y sus implicados. La defensa, en consecuencia, pidió un receso hasta este viernes 10 de octubre, para tener tiempo de estudiar las nuevas evidencias.
La juez acogió la solicitud y aplazó la decisión sobre la medida de aseguramiento. Sin embargo, dejó constancia de la gravedad de los hechos y de la contundencia inicial de las pruebas presentadas, al advertir que se está frente a una posible red de corrupción que podría haber funcionado durante varios años bajo la apariencia de legalidad. Para la magistratura, el hecho de que funcionarios públicos y actores privados hayan cooperado para desfalcar al Estado, exige una respuesta proporcional de la justicia.
El escándalo, que amenaza con salpicar a figuras de alto perfil del ámbito político paisa, revive viejas tensiones sobre la gestión de recursos públicos en Medellín y su área metropolitana. La pregunta ahora es si este caso es apenas la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio y estructurado de corrupción regional, con nexos en distintas dependencias del poder local. La ciudadanía, por su parte, clama por una investigación a fondo, caiga quien caiga.
