Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las joyas institucionales más importantes de Colombia, vuelve a ser protagonista de una controversia pública. En esta ocasión, la tormenta gira en torno a una reforma administrativa que contempla la creación de un Centro de Servicios Globales (GBS, por sus siglas en inglés), diseñado para centralizar funciones administrativas y logísticas de las 47 empresas del grupo, distribuidas desde México hasta Chile. Aunque la sede estará en Medellín y no en el extranjero, como algunos han sugerido, el debate ya está servido y ha tocado fibras sensibles de la ciudadanía y la política local.
El origen de la polémica fue la publicación, por parte del exalcalde Daniel Quintero, de un fragmento del acta de la junta directiva del pasado 2 de septiembre. En dicho documento, se aprobaba la transformación de la actual Subgerencia de Servicios Compartidos en una nueva filial operativa. Aunque el objetivo declarado es brindar servicios integrales para todo el grupo empresarial, la forma en que se conoció la información —sin una estrategia clara de divulgación— abrió la puerta a la especulación y, con ella, al ruido político.
Quintero, fiel a su estilo confrontacional, aprovechó la ambigüedad y la falta de pedagogía por parte de EPM para plantear que se trataba del primer paso hacia una privatización. Según él, esta nueva filial se establecería fuera del país, lo que le permitiría eludir la vigilancia de los entes de control nacionales. Además, insinuó que los trabajadores perderían su condición de empleados públicos y quedarían bajo un régimen privado. La narrativa tuvo eco en sectores sensibles a la defensa del patrimonio público, aunque los hechos no respaldan estas afirmaciones.
Desde EPM, la respuesta no tardó en llegar. La entidad aclaró que la nueva filial no será extranjera, sino que tendrá su sede en Medellín y estará sujeta a las normas y órganos de control colombianos. Además, recordaron que el modelo GBS es utilizado por grandes grupos empresariales nacionales como Argos, Nutresa, Grupo Aval y la Organización Corona, con el fin de mejorar la eficiencia interna, optimizar recursos y estandarizar procesos. Es decir, no se trata de una invención ni de una estrategia inédita, sino de una práctica común en grandes conglomerados.
Pese a ello, el anuncio no ha logrado calmar las aguas. Sindicatos, veedurías y sectores de la sociedad civil han encendido las alarmas ante la posibilidad de que esta nueva estructura se convierta en un canal opaco para la gestión de recursos públicos. La Veeduría Todos por Medellín advirtió que cualquier intento de externalización de funciones debe contar con total transparencia, especialmente si se trata de una entidad que administra recursos que pertenecen a todos los medellinenses. La preocupación no es menor: la historia reciente de la empresa, marcada por la crisis de Hidroituango y tensiones políticas, ha dejado una herida que aún no cicatriza del todo.
Más allá de la retórica política, la discusión pone sobre la mesa un asunto clave: ¿cómo puede una empresa pública modernizarse y ganar eficiencia sin perder de vista su compromiso con lo público, la transparencia y el control ciudadano? En un contexto donde la eficiencia administrativa es crucial para mantener la competitividad del grupo empresarial, EPM debe encontrar una forma de comunicar mejor sus decisiones y evitar que la desinformación se convierta en un arma de desgaste institucional.
El episodio también refleja el desgaste de las relaciones entre antiguos y actuales actores políticos que han orbitado en torno a EPM. Desde la salida de Quintero del poder, sus intervenciones públicas sobre la empresa han sido frecuentes y casi siempre polémicas. La falta de una vocería sólida, técnica y pedagógica por parte de la administración actual ha dejado un vacío que el exalcalde ha sabido llenar con habilidad discursiva, aunque no siempre con rigor informativo.
Por ahora, lo único claro es que EPM debe afrontar esta crisis con más información, más diálogo y menos tecnocracia silenciosa. Lo que está en juego no es solo una reforma estructural interna, sino la confianza de los ciudadanos en una empresa que, más allá de su tamaño o complejidad, sigue siendo patrimonio público y emblema de Medellín. La transparencia no puede ser una respuesta tardía, sino la condición previa de toda transformación institucional.
