El reciente escándalo por la presunta infiltración de disidencias en organismos de seguridad del Estado dejó al Gobierno en el centro de una tormenta política. Tras más de un día de silencio, el presidente Gustavo Petro reapareció con una postura desafiante: no anunció investigaciones internas, no ofreció explicaciones de fondo y, en cambio, señaló directamente a la CIA como responsable de supuestas “filtraciones falsas” destinadas —según él— a afectar su administración.
El detonante fue una investigación revelada por Noticias Caracol, que expuso posibles vínculos entre miembros de las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del Estado. Pese a la gravedad de lo presentado, Petro optó por minimizar el tema y desestimar las evidencias sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones contra la inteligencia estadounidense. El mandatario insistió en que todo responde a intereses externos que buscan “desestabilizar”.
El reportaje en cuestión, que sigue generando inquietud en la opinión pública, apunta al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y figura cercana al Gobierno. De igual forma, involucra a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien según las comunicaciones interceptadas habría sostenido contactos con estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia cercana al grupo de alias Calarcá.
La investigación periodística se basó en información extraída de dispositivos electrónicos incautados a esa organización criminal. De acuerdo con los datos publicados, allí se registran intercambios que darían cuenta de una penetración de las disidencias en entidades estratégicas del aparato estatal, un riesgo que preocupa a expertos en seguridad por su potencial impacto en operaciones, inteligencia y protección de mandos.
Frente a esas revelaciones, la respuesta del presidente no pasó por ordenar una verificación inmediata de los hechos ni por exigir explicaciones a los señalados. Por el contrario, optó por desviar el foco hacia un supuesto montaje internacional, planteando un escenario en el que la CIA estaría interesada en afectar la credibilidad de su gobierno a través de información manipulada.
El giro discursivo dejó más preguntas que respuestas. Mientras sectores políticos y ciudadanos reclaman claridad, el Gobierno evita profundizar en un asunto que involucra a un general activo y a un funcionario de inteligencia. El silencio institucional contrasta con la expectativa de que un caso de esta magnitud sea abordado con rigor y transparencia.
Analistas consultados en diferentes medios han señalado que, aun si el Gobierno sospecha de un origen externo de las filtraciones, existe una obligación de verificar la autenticidad del material y determinar si hubo, o no, infiltración de grupos armados en dependencias sensibles del Estado. No hacerlo —advierten— puede agravar la erosión de confianza en las instituciones.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la espera de una respuesta que vaya más allá de acusaciones sin sustento. En un país donde la seguridad nacional ha sido históricamente vulnerable a intereses ilegales, las denuncias no pueden quedarse en el aire. El caso Huertas-Mejía, y la posible penetración de la estructura de Calarcá, exige explicaciones de fondo que el Gobierno aún no ha querido ofrecer.
