El ambiente político colombiano amaneció bajo una tensión adicional luego de que, tras la invitación pública del presidente Gustavo Petro a la UIAF para que divulgará su historial bancario, comenzó a circular un informe reservado que examina su actividad financiera entre 2023 y 2025. El documento, cuya existencia ha sido conocida por diversas fuentes, aparece en un momento especialmente sensible para el mandatario, justo cuando su nombre y el de miembros de su círculo cercano fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos.
Fechado el 17 de junio de 2025 y con más de treinta páginas, el informe reúne información recopilada por equipos de inteligencia financiera. Según sus apartados, el reporte habría tenido origen en alertas transmitidas desde la Casa de Nariño por posibles anomalías en productos financieros asociados al jefe de Estado. A partir de esas señales, los analistas revisaron cuentas vinculadas al mandatario con el propósito de identificar patrones inusuales o inconsistencias que merecieron escrutinio.
Lo que contiene el archivo es un mosaico de transacciones de naturaleza diversa. El reporte menciona transferencias de nómina, pagos dirigidos a una obligación hipotecaria en Chía, compras de divisas, consumos en establecimientos del exterior, retiros en cajeros y pagos relacionados con servicios médicos privados. También registra movimientos efectuados por personas autorizadas para manejar tarjetas o productos financieros del presidente, un punto que los analistas consideran relevante para contextualizar ciertos desembolsos.
Pese al nivel de detalle, la UIAF advierte dentro del documento que la sola existencia de estas operaciones no constituye evidencia de irregularidad. El organismo insiste en que cualquier conclusión depende de la entidad competente que reciba el análisis y subraya que el reporte, por sí solo, no establece responsabilidad alguna. El texto, sin embargo, no identifica qué autoridad será la encargada de interpretar oficialmente sus hallazgos.
La revisión permitió determinar que el presidente posee cuentas en varias entidades: Scotiabank, BBVA, Banco Agrario, Confiar y Sudameris. No obstante, solo dos productos registran un volumen significativo de actividad durante los años examinados. Entre ellos destaca una cuenta AFC, destinada específicamente a cubrir las cuotas hipotecarias del inmueble ubicado en Hacienda Fontanar.
En lo relativo a ingresos laborales, el informe consigna que el Ministerio de Hacienda giró más de 440 millones de pesos en 2023 por concepto de salario presidencial; cerca de 620 millones en 2024; y aproximadamente 205 millones durante el primer semestre de 2025. En total, las consignaciones alcanzan los 1.124 millones de pesos, con variaciones mensuales que oscilan entre 26 y 48 millones. No se incluye información correspondiente al año 2022, lo que deja un vacío temporal que podría ser materia de revisión posterior.
El documento también describe consumos en el exterior y pagos recurrentes, pero evita calificarlos más allá de su carácter descriptivo. Los especialistas subrayan en el texto que estas operaciones, aunque llamativas por su diversidad, no pueden ser interpretadas sin contexto adicional, especialmente en el caso de transacciones realizadas por terceros con autorización del mandatario.
Mientras el informe continúa bajo reserva oficial, su contenido ya alimenta el debate público. Para algunos sectores, su divulgación parcial confirma la necesidad de una mayor claridad en torno a las finanzas presidenciales; para otros, evidencia un uso político de un análisis que aún no cuenta con interpretación institucional. Lo cierto es que el documento, más que cerrar una controversia, abre un nuevo capítulo en la relación entre transparencia, poder y escrutinio en Colombia.
