El presidente Gustavo Petro parece moverse en aguas divididas. Mientras logra avances con la conciliación de la reforma laboral en el Congreso, ve cómo se le atasca una de sus apuestas más arriesgadas: la convocatoria a una consulta popular mediante decreto. La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que convocaba al país a las urnas, acogiendo una demanda de doce senadores que cuestionan la legalidad del mecanismo tras su rechazo en la plenaria del Senado. En consecuencia, la agenda del Gobierno se reorganiza en torno a una tensión permanente entre lo que puede construir con el Legislativo y lo que busca imponer por vía directa.
Aunque el fallo no anula el decreto de inmediato, sí congela sus efectos y pone al Ejecutivo en un compás de espera. El Consejo de Estado fue enfático: sin un concepto favorable del Senado, el decreto no cumple los requisitos constitucionales para ser válido. La omisión no es un asunto menor. En esencia, el alto tribunal está diciendo que sin la bendición parlamentaria, no hay camino jurídico posible para el llamado a las urnas. La decisión, por tanto, trasciende lo procedimental: es una señal de advertencia sobre los límites del poder presidencial, incluso en el contexto de reformas con respaldo popular.
El presidente Petro no tardó en reaccionar. Aseguró que el decreto no ha sido declarado ilegal y que, si la reforma laboral prospera en el Congreso, no tendría inconveniente en retirarlo. Con esta afirmación, el mandatario juega una doble carta: por un lado, reconoce el revés jurídico; por otro, lo utiliza como presión indirecta para que el Legislativo avance en el trámite de sus reformas estructurales. Una estrategia política de doble filo: se muestra flexible ante las cortes, pero refuerza su narrativa de que el Congreso es, en ocasiones, un obstáculo para el cambio.
Paradójicamente, mientras su consulta sufre un traspié judicial, la reforma laboral —una de las banderas de su gobierno— parece encontrar nuevo aliento en el proceso de conciliación. El hecho de que este proyecto se mantenga en discusión y avance por los canales institucionales fortalece al Ejecutivo en su rol de constructor de consensos. En un escenario donde las tensiones institucionales son cada vez más frecuentes, esta victoria parcial le ofrece oxígeno político y legitimidad ante sus bases.
Sin embargo, no se pueden obviar las señales de desgaste. El “decretazo” fue percibido por amplios sectores como una medida de confrontación, una especie de atajo frente a la negativa legislativa. Aunque desde el Gobierno se esgrimieron razones técnicas —como la supuesta irregularidad en la votación del Senado—, el Consejo de Estado ha optado por la prudencia jurídica. Y en esa prudencia, Petro ve limitada su capacidad de movilizar directamente a la ciudadanía en torno a sus reformas. El freno judicial recuerda que la Constitución sigue marcando los bordes del campo de juego político.
Hernán Penagos, registrador nacional, celebró la decisión de la corte como una oportunidad para clarificar la ruta legal de la convocatoria popular. Su postura —equilibrada y técnica— contrasta con el clima de polarización que ha rodeado la consulta. En su lectura, el fallo contribuye a dar certezas en medio del enredo institucional. La pausa judicial impone un ritmo más reflexivo al debate político, que ahora se traslada al Congreso, donde el Gobierno está obligado a demostrar capacidad de negociación y escucha.
Lo que el Gobierno gana en conciliación, lo pierde en unilateralidad. Y viceversa. El país asiste a un momento en el que los poderes públicos se ponen a prueba, no solo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. El pulso entre la calle, el Congreso y los tribunales marcará el rumbo de las reformas que propone el petrismo. En ese equilibrio —frágil y cambiante— se definirá no solo el éxito legislativo del Ejecutivo, sino también su legado institucional.
