En la más reciente entrega de la encuesta de Invamer —realizada por encargo de Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador—, los resultados revelan un panorama complejo para el presidente Gustavo Petro. Su favorabilidad se mantiene en un 37%, apenas dos puntos por encima del registro de hace un año, lo que dentro del margen de error representa prácticamente un empate técnico. Este dato, aunque muestra una leve recuperación frente a otras mediciones más críticas, no alcanza para revertir una tendencia marcada: la mayoría de los colombianos sigue expresando un desencanto persistente frente a la gestión presidencial.
Uno de los hallazgos más contundentes de la encuesta es que el 64,4% de los consultados considera que Colombia no va por buen camino. Esta percepción, que ya era significativa en noviembre de 2022 cuando alcanzaba el 60%, ha venido creciendo lentamente y confirma una sensación de estancamiento en el ánimo nacional. A pesar de que desde julio de 2024 estos indicadores no presentan variaciones drásticas, el mensaje de fondo sigue siendo el mismo: dos de cada tres colombianos sienten que las cosas no marchan bien en el país.
Este mismo patrón se replica en casi todas las preguntas del sondeo: una sociedad dividida, con una mayoría inclinada hacia el escepticismo, y una minoría que aún mantiene esperanzas en el rumbo actual. La división no es solo política, sino emocional. La encuesta retrata a una ciudadanía cansada, desconfiada, que parece no encontrar puntos de consenso, ni siquiera en los liderazgos institucionales que deberían actuar como contrapesos frente al poder ejecutivo.
Paradójicamente, mientras la figura presidencial se mantiene en terreno resbaladizo, otras instituciones del país mejoran o sostienen niveles de favorabilidad más sólidos. El Banco de la República, la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación y los empresarios registran cifras superiores a las del presidente. Este fenómeno no es menor: habla de una ciudadanía que busca referentes de estabilidad en espacios distintos a la política presidencial y que premia, al parecer, la tecnocracia y la institucionalidad por encima del discurso.
En el caso del Banco de la República, por ejemplo, su imagen favorable parece estar asociada a su papel como garante de estabilidad económica en medio de un entorno marcado por la inflación y la incertidumbre global. Similar es la percepción frente a la Corte Suprema, que ha jugado un rol protagónico en decisiones judiciales clave. Por su parte, los medios de comunicación y los empresarios gozan de un margen de confianza que, aunque no es absoluto, se traduce en un respaldo mayor frente al del jefe de Estado.
Este contraste entre la figura presidencial y el resto de actores institucionales evidencia un punto crítico para el Gobierno: su dificultad para conectar de manera sostenida con una ciudadanía que lo eligió con expectativas altas, pero que hoy parece haber entrado en una fase de escepticismo crónico. Aun con logros puntuales y esfuerzos por reformar, el mensaje no parece calar en el imaginario colectivo, tal vez por la forma en que se comunica o por los constantes choques con otros poderes del Estado.
Al final, la encuesta Invamer no solo mide cifras; toma el pulso de un país que se debate entre la esperanza y el desencanto, entre la necesidad de cambios y el temor al rumbo incierto. Si algo deja claro este estudio es que la gobernabilidad hoy no depende solo del poder formal, sino de la capacidad de generar consensos, reconstruir confianzas y leer con sensibilidad los estados de ánimo de una sociedad fracturada. El desafío del presidente Petro, en lo que resta de su mandato, no es menor: gobernar para un país que parece, cada vez más, desconectado de su proyecto político.
