Un grupo de encapuchados que protestaban en la Avenida Las Vegas, a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, protagonizó un acto violento que dejó a la ciudad de Medellín conmocionada. Durante la manifestación, interceptaron un vehículo de la Secretaría de Movilidad del Distrito y, tras usarlo para bloquear la vía, lo incendiaron, generando caos en la zona.
El hecho ocurrió en medio de una jornada de protestas que, hasta ese momento, no había registrado actos de esta magnitud. Las llamas consumieron por completo el vehículo, que era utilizado por las autoridades para la realización de fotodetecciones, herramienta clave en la regulación del tránsito en la ciudad.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, reaccionó rápidamente al incidente y, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), condenó el acto. «Esto no es una protesta pacífica. Esto es terrorismo. Son criminales. Cobarde aquel que se tapa la cara con capuchas para generar terror y miedo», expresó, dejando clara su postura frente a este tipo de acciones violentas.
El evento ha desatado un debate sobre los límites de las manifestaciones públicas y la seguridad en la ciudad. Mientras tanto, las autoridades investigan a los responsables de este acto que, según las palabras del mandatario, trasciende el ámbito de la protesta legítima para convertirse en un acto delictivo que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos.
Las imágenes del vehículo en llamas circularon rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación entre la ciudadanía. Muchos usuarios expresaron su rechazo a este tipo de actos, calificándolos como un atentado contra el orden público y los bienes del estado. Otros, sin embargo, señalaron que el uso del vehículo para las fotodetecciones ha sido motivo de controversia, criticando su implementación como parte de políticas que consideran impopulares.
La Secretaría de Movilidad del Distrito emitió un comunicado lamentando lo sucedido y destacando que este tipo de actos afectan directamente la operatividad de los servicios que benefician a los ciudadanos. «Es un daño no solo al patrimonio público, sino también a las herramientas con las que trabajamos para garantizar la seguridad vial en Medellín», afirmaron.
Por su parte, organismos de seguridad han iniciado un operativo para identificar a los responsables del hecho, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de los testigos. Según las autoridades, este tipo de acciones no quedarán impunes y ya se están tomando medidas para reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad donde suelen desarrollarse protestas.
El caso ha puesto nuevamente en el centro de la discusión el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público. Mientras algunos defienden las manifestaciones como una expresión legítima de inconformidad, otros hacen un llamado a no tolerar actos que derivan en violencia y daño a los bienes comunes, señalando la importancia de condenar y prevenir hechos similares en el futuro.
