Lo que comenzó como una gira diplomática hacia Medio Oriente terminó convertido en un inesperado episodio de tensión internacional. En medio de su escala técnica en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el avión presidencial colombiano enfrentó un contratiempo que dejó al descubierto los alcances reales —y simbólicos— de la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton. La aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), encargada de transportar al jefe de Estado, se quedó sin combustible y, sorpresivamente, varias compañías se negaron a suministrar.
En los pasillos de la Casa de Nariño, el silencio pesa. “En el Gobierno ya están pariendo por los coletazos de la inclusión del presidente en la Lista Clinton”, se oye en voz baja entre asesores y funcionarios. Aunque no hay claridad sobre el alcance jurídico de la medida, el impacto político ya es evidente. Lo que parecía un rumor sin fundamento comenzó a materializarse en un incidente que tomó por sorpresa al alto Gobierno.
Según fuentes consultadas por medios nacionales, durante la parada técnica en Madrid, la tripulación solicitó el reabastecimiento de combustible para continuar la ruta hacia el Golfo Pérsico. Sin embargo, la petición fue rechazada de manera sucesiva por varias empresas proveedoras del servicio. La razón: miedo a violar las normas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la autoridad estadounidense que vela por el cumplimiento de sanciones financieras. Las compañías, algunas con capital o vínculos norteamericanos, prefirieron abstenerse antes que exponerse a posibles sanciones.
La escena, descrita por testigos como “surrealista”, generó desconcierto entre los miembros de la delegación. Nadie esperaba que el efecto de la lista —una herramienta creada en los años noventa para perseguir estructuras del narcotráfico— alcanzara el nivel de paralizar la logística de un vuelo oficial. La tensión aumentó mientras se buscaban alternativas para resolver una situación que, de prolongarse, podría escalar a un incidente diplomático.
Finalmente, fue necesaria la intervención directa del Gobierno español. Según se conoció, la aeronave de la FAC fue trasladada a una base militar donde, bajo la gestión del presidente Pedro Sánchez, se autorizó el suministro del combustible. Madrid optó por asumir el control del procedimiento para garantizar que el vuelo continuará sin vulnerar las normas internacionales. La crisis, aunque resulta, dejó una sombra de inquietud en torno a la figura del mandatario colombiano.
En círculos diplomáticos, el episodio se interpreta como una señal de alerta. Si bien la inclusión de Petro en la Lista Clinton no ha sido oficialmente confirmada por el Departamento del Tesoro, el simple rumor ha comenzado a tener consecuencias operativas. Los bancos, aerolíneas y proveedores internacionales reaccionan con cautela ante la posibilidad de sanciones, en un reflejo casi automático de las restricciones impuestas por Estados Unidos a cualquier nombre asociado a ese listado.
La situación también ha encendido las alarmas dentro del propio equipo presidencial. Algunos asesores temen que el incidente de Barajas sea apenas el primer tropiezo en una cadena de obstáculos logísticos y financieros que podría afectar las próximas giras internacionales o incluso la gestión de recursos de cooperación. En la diplomacia, el aislamiento no empieza con un comunicado: empieza con un no rotundo a una solicitud de servicio.
Aunque desde el Palacio de Nariño se intenta bajar el tono al asunto, lo ocurrido en Madrid marca un punto de inflexión. No solo porque evidenció las limitaciones prácticas de un presidente envuelto en un escándalo financiero de alcance global, sino porque dejó al descubierto la fragilidad de la política exterior colombiana en tiempos de desconfianza. El avión de Petro volvió a despegar, sí, pero el combustible de la legitimidad internacional parece haberse reducido al mínimo.
