La historia del Túnel del Toyo es también la historia de una región que ha aprendido a no esperar demasiado del Gobierno Nacional. Con el trazo de concreto ya dibujado en más de un 60% sobre las entrañas montañosas del occidente antioqueño, el megaproyecto avanza a fuerza de terquedad y con el impulso económico que, esta vez, no vendrá desde Bogotá, sino desde Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Así lo confirmó el más reciente informe de avance del proyecto: el costo total para culminar el tramo pendiente será de $750.000 millones, cifra que representa un incremento de $90.000 millones frente a lo estimado hace un año. El sobrecosto no es menor, pero tampoco inesperado. La inflación de materiales, los retrasos acumulados y la transferencia del proyecto desde la Nación al departamento, han hecho su parte en esta factura que ahora Antioquia debe pagar.
Para lograrlo, la Gobernación ya liberó $200.000 millones de su propio presupuesto, mientras que los restantes $550.000 millones se planean cubrir mediante un esfuerzo conjunto con la Alcaldía de Medellín. En otras palabras, será la propia región la que termine de construir el túnel que durante años fue promesa nacional, pero que terminó relegado a una negociación política con sabor a abandono.
Este proyecto, considerado la conexión más ambiciosa entre el centro del país y el Urabá antioqueño, se ha convertido en un símbolo de los rezagos de la inversión estatal en las regiones periféricas. El Túnel del Toyo no solo acorta distancias físicas entre Medellín y el mar Caribe, también abre la posibilidad de consolidar al Urabá como un nuevo eje logístico nacional, con vocación portuaria y exportadora.
Según la última parte de obra, el sector 1, entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, es el que más ha avanzado. Fue justamente este tramo el primero que el Gobierno Nacional cedió tras una larga pugna institucional. Solo después de que la Gobernación insistiera, una y otra vez, en asumir el control, el Ministerio de Transporte aceptó transferir la obra. No por iniciativa propia, sino por agotamiento político.
La escena en la que el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez reactivaron las obras en enero de este año fue, más que un acto administrativo, una declaración de autonomía: si la Nación no cumple, la región ejecuta. Pero ese gesto de liderazgo también arrastra una carga pesada: financiar, sin ayuda del gobierno central, una obra estratégica para todo el país.
Si las proyecciones se cumplen, el Túnel del Toyo estará operativo antes de 2027. Será entonces uno de los corredores viales más importantes de Colombia, y también un recordatorio de cómo las regiones —con frecuencia— deben cavar por su cuenta los túneles de su desarrollo.
